Como si la violencia que se vive en los Estados de Oaxaca y Chiapas no fuera suficiente al estar aislados del resto del territorio nacional por las acciones violentas de la CNTE que interrumpieron la comunicación por las carreteras que comunican con el resto del país; al gobernador Javier Duarte, impuesto en el cargo por las fuerzas políticas del PRI más oscuras de hace seis años, se le ocurrió una de las que acostumbra, en esta ocasión no murió periodista alguno, por fortuna. Gracias Duarte.
Me explico, la violencia, una de las peculiaridades del todavía mandatario, se desató en las puertas del Congreso veracruzano contra Ricardo Anaya, presidente del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz y Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, quienes fueron atacados junto con otras personas que los acompañaban, posiblemente escoltas que resultaron heridos por integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos que dirige César del Ángel, ilustre legislador que hace honor a su nombre y que, presumiblemente recibió instrucciones del gobernador para agredir a los panistas.
Obviamente, los políticos agredidos presentaron las quejas ante el fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, obviamente, también, sin resultado alguno. El motivo de la agresión, denunció Ricardo Anaya, fue el haber solicitado a los legisladores veracruzanos que no se votara por el fiscal anticorrupción que a toda costa –como quedó probado con la agresión– pretendía imponer Javier Duarte, a fin de ir blindando su gran escape ante la posibilidad de que se pueda ejercer acción penal en su contra al término de un mandato preñado de abusos, violaciones a la ley, crímenes contra periodistas, oscuras operaciones de dinero procedente de las arcas estatales, et al.
Para ello, el heredero político del cónsul mexicano en Barcelona, España, Fidel Herrera, decidió operar cambios de funcionarios y nombrar a otros, “a modo”, como Francisco Portilla Bonilla como nuevo Fiscal Anticorrupción; a su ex Secretario de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, especialista en trampas electorales, para el cargo de Comisionado Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Con estos dos incondicionales incrustados por Duarte en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, sería más que suficiente para negarle y bloquearle cualquier información que perjudica a su antecesor, Javier Duarte y así no pudiera ser procesado penalmente debido a la mínima información que el nuevo gobernador obtendría de las auditorías, investigación criminal y otras.
Además, Duarte de Ochoa, lanzó una serie de iniciativas al Congreso, a fin de que en lo laboral se basifique a miles de trabajadores del Estado, principalmente a los empleados de confianza con objeto de que Miguel Ángel Yunes sea gobernador, pero sin mando al carecer de márgenes de operación, incluso obstaculizando nombramientos de colaboradores más cercanos al carecer de plazas disponibles.
Estas perversas maniobras de despedida y blindaje que intentaba llevar a cabo Javier Duarte se le resbalaron en el último momento, cuando el mismo Congreso con mayoría priista, recibió órdenes del más allá que le frenó la maniobra instruyendo a que nombrara una terna para el cargo de procurador.
¡Caray, ahora sucede que no solo puede nombrar directamente a un funcionario “a modo” sino “sugerir a tres” a su antojo!
“Salió más caro el caldo que las albóndigas” dice el estupendo refrán.
Casi seis años de pésimo gobierno sumieron a Veracruz en una profunda crisis política, económica y social; esa es la herencia que deja Javier Duarte a sus conciudadanos pero, el botín el de los miles de millones robados al Estado, el se lo lleva.
¿Para qué diablos es el blindaje sino para disfrutar lo robado sin riesgo? Aunque no sea ético a juicio de Carolina Monroy Del Mazo. Por cierto, deslinde tardío ante el daño causado por Duarte, aun cuando pudiera ser penalmente juzgado.
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