El pasado lunes, mientras en México andábamos muy entretenidos viendo a la novia y al amigo del “amigo incómodo” bailar y lanzarse “de reversa” en la boda tan súper nice difundida en redes sociales, en los Estados Unidos el Tribunal Supremo adoptaba una decisión que en el contexto actual de la paranoica política migratoria de Donald Trump, constituye un hecho de la mayor relevancia. Rechazó involucrarse en el futuro del Programa DACA y decidió que el diferendo se siga ventilando en las cortes inferiores, esto es, en las de los estados; ello implica sin duda una gran batalla ganada que protege e impide la deportación de más de setecientos mil Dreamers de todo el mundo, inmigrantes indocumentados que llegaron cuando eran niños al país del alguna vez “sueño americano”.
Anunciado el Deferred Action for Childhood Arrivals –Acción Diferida para los Llegados en la Infancia- DACA por sus siglas, el 15 de junio de 2012 por la entonces Secretaria Janet Napolitano y confirmado más tarde por el Presidente Barack Obama; permitió que jóvenes menores de 31 años a esa fecha, llegados antes de cumplir dieciséis años, residentes permanentes y presentes físicamente, sin estatus legal, no convictos y cursando estudios, siendo graduados o con certificado de secundaria o de Desarrollo de Educación General, o veteranos con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, obtuvieran tal estatus, que en términos reales es un “parche” para evitar acciones ejecutivas a discreción procesal de cualquier autoridad migratoria, sin legalizar la estancia a plenitud o ser una vía para obtener la ciudadanía.
Como es sabido y conocido, desde su campaña Trump hizo del DACA uno de los ejes de su discurso intolerante. Llegado a la Casa Blanca, ordenó que el programa finalizara el 5 de marzo –o sea este domingo- a menos que el Congreso le intercambiara una solución por el muro que pretende construir. Ante ello, en semanas recientes jueces federales de California y Nueva York sentenciaron que el DACA no puede concluirse indefinidamente y el gobierno debe seguir aceptando solicitudes de renovación del estado migratorio de los Dreamers.
Tales decisiones, la del Tribunal Supremo y las anteriores de los jueces, constituyen un golpe demoledor a las intenciones trumpistas y se sumaron a otras de igual calado, como la intención de prohibir la entrada a ciudadanos de países musulmanes o la prohibición a los transgénero de servir en el Ejército. Cabe mencionar que tras la decisión de los tribunales de California y Nueva York, la Casa Blanca decidió jugarse el todo por el todo; en lugar de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente, con sede en San Francisco, decidió saltar esa instancia por considerarla “demasiado progresista” –en su integración- y acudir al Tribunal Supremo, donde –suponía- hay una mayoría de juristas conservadores.
Ahora vienen nuevas batallas por librar. Especialistas consideran que una posible solución no será posible antes del 2020; en el inter habrán de suceder varios hechos políticos de la mayor relevancia; habrá elecciones legislativas en los Estados Unidos en las que las tendencias son poco favorables para los Republicanos que hoy dominan en ambas Cámaras, Trump, muy probablemente tendrá que rendir cuentas por la “Trama Rusa” que lo apoyó para derrotar a Hilary Clinton. Y de este lado el 1 de julio y después en el TEPJF se decidirá la madre de todas las batallas que está en curso.
En este escenario, la rigidez de nuestra legislación electoral, combinada con la indolencia de los tres principales candidatos a la presidencia, ha borrado de la narrativa electoral el cómo apoyar a los Dreamers mexicanos al otro lado del Río Bravo en su lucha por permanecer en Estados Unidos ante la embestida institucional de que son objeto.
Antes de que dedicara todas sus energías a resistir la embestida del Estado por descarrilar su candidatura, Ricardo Anaya ha sido el único candidato que grabó un mensaje dirigido a Donald Trump, exigiéndole una postura humanitaria para con los Dreamers. Podremos debatir los simbolismos o malinchismos de que el mensaje lo pronunciara en inglés, pero fue una toma de postura que queda para el registro.
Por su parte, Andrés Manuel limita todo lo relacionado a la relación con Estados Unidos al atajo discursivo de que “pondrá orden” a todos los temas de la relación bilateral una vez que pase el trámite de la elección, asumiendo que su victoria en las urnas será tan categórica que tendrá la legitimidad suficiente para reencausar la relación -lo cual aún no ocurre-. El problema es que no ha dado detalles de hacia donde la quiere dirigir. Los cómos importan y mucho.
Finalmente, José Antonio Meade, como en los demás temas, ha optado por la vaguedad de los lugares comunes, lo que en términos reales significa la continuidad de la desastrosa estrategia implementada por su cómplice y amigo Luis Videgaray. Enfocarse en lo “macro”, haciendo oídos sordos a los cientos, por no decir miles de casos de persecución y deportaciones violatorias a los Derechos Humanos y Tratados Internacionales que se acumulan es una pésima señal.
Lo que nadie ha puesto en la mesa, es el elefante en la sala de que no hay un solo Dreamer que quiera volver a México y que en consecuencia la postura del Estado mexicano debe ser de un apoyo contundente, real, objetivo, a través de la red de consulados, para dar la batalla en los tribunales –de allá- por la permanencia de los Dreamers en Estados Unidos. Y por qué no fijar postura en los medios americanos y ante las movilizaciones.
Es viernes “¡Hoy toca!” Diría Germán Dehesa.
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
