El hombre sentado en el sillón de piel marrón aparece sonriente, con el bigote perfectamente recortado y vestido de negro. Miguel Ángel Almaraz Maldonado concede una entrevista a medios locales el 15 de enero de 2008, en la que llama a votar por Jesús Ortega Martínez para que dirija la estructura nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Almaraz habla en su condición de coordinador regional de la campaña de Ortega, desde sus oficinas en Río Bravo, Tamaulipas.
Medio año antes, en el verano de 2007, uno de sus contendientes por el cargo de presidente municipal, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del Partido del Trabajo (PT), le había señalado como dueño de al menos 45 mil litros de gas condensado sustraído de la Cuenca de Burgos para su venta en Estados Unidos. El combustible había sido localizado por militares en una de sus bodegas, el 21 de marzo de ese mismo año.
Guajardo murió acribillado meses más tarde, el 29 de noviembre, mientras impugnaba el resultado de la jornada electoral, efectuada 18 días antes. En el ínter, otros 820 mil litros de gas condensado fueron decomisados por el Ejército, en pipas y tractocamiones en los que pretendía llevarse a Texas. Detrás del político de altos vuelos, Almaraz encarnaba al gran operador de los saqueos contra Petróleos Mexicanos, respaldado, según las acusaciones de Guajardo, por las estructuras locales del crimen organizado.
Debieron transcurrir 14 meses para que Almaraz quedara bajo arresto. La Policía Federal lo presentó ante la opinión pública el 31 de marzo de 2009. Vestía igualmente de negro y llevaba el mismo corte de bigote, pero su sonrisa había desaparecido. Al ex dirigente estatal lo detuvieron en plena campaña por una diputación federal.
Jesús Ortega Martínez era ya presidente nacional del sol azteca, pero su viejo colaborador enfrentaba acusaciones graves: encabezar una organización dedicada al robo de combustibles para insertarlos en las redes comerciales del país vecino, todo en coordinación con Los Zetas, el poderoso grupo local del narcotráfico.
La suerte judicial de Almaraz, sin embargo, no está echada. El proceso que se le sigue parece aguardar la resolución de otro caso inédito, arraigado en una corte federal de Houston.
En junio de este año, Pemex hizo pública la demanda interpuesta en contra de las empresas BASF Corporation y Murphy Energy Corporation, a quienes acusa de alentar y tomar parte del robo de condensados en la Cuenca de Burgos. Adicionalmente, la paraestatal involucra a Trammo Petroleum Inc., Valley Fuels y US Petroleum Depot Inc., así como a varios particulares.
Pactos en el extranjero
La Cuenca de Burgos ha sufrido saqueos por lo menos desde 2006, muchas de las veces mediante tácticas violentas, hasta acumular pérdidas que sobrepasan los 300 millones de dólares, dice Pemex en el texto de su demanda judicial. Lo robado equivale a 40% de la producción de gas condensado, y en el delito operan compañías y civiles estadounidenses en acuerdo con algunas organizaciones criminales mexicanas.
El arresto de Almaraz y el proceso en la corte federal de Houston revelan que el contrabando de hidrocarburos ocurre de manera regular por los cruces internacionales de Tamaulipas. Pero sobre todo descubre operaciones que, dicen analistas, habrán de crecer con el tiempo.
El que grupos criminales mexicanos hayan establecido pactos con grandes corporativos para lucrar con el saqueo de combustibles no es obra de la casualidad, sino el contraste de dos mundos: el de un sistema comercial que impide fiscalizar transacciones y movimientos de cientos de miles de empresas e individuos, y el de otro institucionalmente resquebrajado, en el que la delincuencia organizada eleva su poderío día tras día.
“En Estados Unidos la industria petrolera está muy descentralizada; cualquier persona puede ser un empresario del petróleo, de la gasolina, del gas. Ese tipo de estructura comercial, de estructura de mercado, es la estructura ideal para comercializar un producto robado. Siempre vas a encontrar un individuo falto de ética, falto de escrúpulos, en Estados Unidos, capaz y dispuesto a hacer negocios con tal de ganarse unos miles de dólares. Haz de cuenta que se juntó Pancho con su Rosita”, asegura Tony Payán, investigador sobre fenómenos criminales de la Universidad de Texas en El Paso.
La evidencia conocida hasta hoy sugiere que los dos sistemas embonan a la perfección. Donald Schroeder, presidente de Trammo Petroleum, una de las empresas acusadas ante la corte federal de Houston, describió a detalle transacciones que dijo haber realizado con combustible robado de la Cuenca de Burgos. Schroeder sirvió de intermediario en el contrabando y venta de gas condensado por un valor de 2 millones de dólares a la empresa Murphy Energy and Continental Fuels, según se ha ventilado en el juicio.
Debilidades del sistema
El combustible supuestamente vendido por Schroeder fue introducido a Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo, amparado con supuesta documentación oficial. Las deficiencias con las que opera el sistema aduanal mexicano puede que expliquen en buena medida el concierto criminal que da forma a esta conexión de la delincuencia organizada con intermediarios y empresas de Estados Unidos.
La falta de control e información sobre las operaciones del sistema de aduanas de Pemex merecieron investigaciones internas. Parte de las conclusiones aparecen en documentos de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales (UCSA). En ellos se concluye que tareas simples como el movimiento y archivo de expedientes sobre las operaciones diarias de exportación son deficientes. Las exportaciones diarias de la paraestatal ascienden a 116.2 millones de pesos.
El problema de vulnerabilidad puede hallarse en casi todas las oficinas de las que dispone Pemex. UCSA identifica a las de Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, en Tamaulipas; Tuxpan y Coatzacoalcos, en Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche, y Salina Cruz, en Oaxaca. En ellas, el riesgo de que las instalaciones sean usadas para operaciones ajenas a la industria petrolera, existe, dice el documento.
Las zonas de influencia de estas aduanas abarcan territorios bajo fuerte presencia del narcotráfico, lo que eleva la alerta en Petróleos Mexicanos (Pemex). Ello se contrapone con las carencias tecnológicas con que opera la unidad. UCSA no dispone de cámaras digitales, estaciones satelitales o equipos de banda ancha, lo que obliga a cada una de las oficinas a trabajar de manera independiente una “gran cantidad de datos confidenciales y en ocasiones estratégicos”, señala el documento interno.
Nido de corrupciones
Otras aduanas sensibles, como las que operan en La Paz, Baja California Sur; Tijuana, Ensenada y Mexicali en Baja California; Manzanillo, Colima; Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa; Guaymas, Sonora, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, funcionan con equipo obsoleto. Todo ello influye, dice la paraestatal, en maniobras que pudieran resultar fraudulentas.
La solución a tales deficiencias comenzó a trabajarse recientemente. Petróleos Mexicanos inició la adquisición de equipo tecnificado por un costo de 5 millones 850 mil pesos. El sistema de monitoreo y vigilancia deberá quedar instalado antes de finalizar 2010.
Sin embargo, ello no garantiza la eliminación del problema, mucho más complejo que el manejo de aparatos altamente tecnificados. La corrupción, afirma Teresa Magallón, jefa de área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es el verdadero desafío no sólo de Pemex, sino del sistema de gobierno en su conjunto.
“Pemex es sinónimo de corrupción. Diríamos que Pemex viene a sintetizar la lógica del sistema, porque es la cristalización de arreglos institucionales que han regido la historia de este país”, dice. “La corrupción está presente en todos los sectores de Pemex, y ésta viene desde la alta burocracia; en todo caso, lo que está pasando actualmente viene a ser como el desenlace de una historia en donde no se ve el orden institucional por ningún lado”, complemetó la especialista.
La cadena de corrupciones en la paraestatal decreta una serie de códigos en la ciudadanía sobre lo que es válido, lo que sí es punible y lo que no tiene castigo alguno, explica Magallón. “Se sabe que el saqueo viene a ser como una práctica cotidiana, y cuando un grupo delictivo, organizado, se percata de que en Pemex no se aplica ni la ley ni la justicia, no hay más que hacer”.
Pemex ubica 10 puntos sensibles al robo, todos ellos inmersos en zonas donde operan grandes organizaciones criminales. Parte de ellos se localizan en los sistemas de ductos que corren por Nuevo Teapa-Tula-Salamanca, y Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero-Cadereyta.
Los datos más recientes emitidos por la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles de Pemex Refinación dicen que el faltante de crudo en 2008 fue de al menos un millón 529 barriles, y de 884 mil barriles entre enero y septiembre de 2009.
La joya de la corona para las grandes estructuras criminales es la Cuenca de Burgos, de donde sustraen desde hace varios años condensados de gas, un hidrocarburo líquido usado en el mercado ilícito para mezclarlo con gasolinas e incrementar su volumen, así como para elaboración de otros productos petroquímicos.
“De los aproximados 9 mil 300 millones de pesos que ha significado el daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos, lo que es el robo de combustibles y de condensados, al menos 3 mil 500 de estos 9 mil millones, son de condensados dentro de la Cuenca de Burgos. El resto en la red de ductos nacionales y básicamente, de estos robos, 44% de esos 5 mil 800 millones son de Veracruz, que ya no pertenecen a la Cuenca de Burgos”, refiere Edgardo Melhem, diputado federal del PRI que preside la Comisión Cuenca de Burgos.
Un saqueo de tal magnitud, cuyo destino final se encuentra en Estados Unidos, sólo se explica con la corrupción, dice el congresista.
“Creo que definitivamente debe haber algunos funcionarios involucrados, a lo mejor de nivel mediano o la gente del área operativa para que (esto suceda), sobre todo, casos que hemos visto en otros estados en los que prácticamente hay toda una infraestructura en el robo de los ductos. Debe haber gente involucrada que lamentablemente le está haciendo un gran daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos”, comenta.
Vacío de poder
Pemex respondió ante el saqueo, bajo la sospecha de que “pudiera haber complicidad” de trabajadores y funcionarios de la empresa, asumiendo el control de la Gerencia de Seguridad Física. Los resultados hasta ahora son pocos, y ello obedece, dice la investigadora de la UAM, Teresa Magallón, a que el equipo de seguridad está infiltrado.
“Esto no es más que reflejo del vacío del Estado mexicano, que entrega la Cuenca de Burgos a corporativos que no cumplen con los contratos de servicios múltiples, y que además permite que saqueen y se lleven el gas natural y demás energéticos a Texas, y que sean compañías, como la alemana Basf, quienes compren estos productos robados”, explica la investigadora.
Desde 1998, las deficiencias en los sistemas de monitoreo de la red de ductos han sido detallados a los directores de la empresa, según documentos internos de Pemex en poder de EL UNIVERSAL. El traslado de combustibles carece de sistemas avanzados de medición en la mayoría de los poliductos. La empresa dispone de un Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) que, sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para ser eficaz.
Las carencias en un contexto de crimen extraordinario, como el que sucede en México, es lo que permite con relativa facilidad el robo y comercialización del producto en Estados Unidos, expone Alfredo Rodríguez Dávila, diputado federal del PAN por Nuevo León y miembro de la Comisión Cuenca de Burgos.
“El problema de corrupción existe en México, existe en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Puede que sea una corrupción entre trabajadores de bajo nivel, pero lo más grave es que (con el juicio en Houston) se abriera la caja de Pandora y nos revelara que lo que hay es una estrategia de mercado”.
EU: falso interés
Tal gravedad se incrementa porque el desinterés no sólo radica en México, sino en el gobierno estadounidense, sostiene el investigador de la Universidad de Texas, Tony Payán.
“En México hablamos de un crimen organizado que ya es una gran mancha —como la mancha del petróleo en el golfo de México—, una mancha que se extiende a muchos ámbitos del país y que sigue alcanzando dimensiones que nunca habíamos esperado en México. Hablamos de dimensiones muy similares a las que se encontraban en Rusia después del colapso de la Unión Soviética en los 90, en donde cualquier tema, desde el petróleo hasta los bancos y la industria del secuestro, pudieran ser elementos de crimen organizado”.
Pese a ello, la herramienta visible mediante la cual Estados Unidos respalda el combate de organizaciones criminales, la Iniciativa Mérida, es inservible, señala Payán.
“Es vergonzoso de que a más de dos años de anunciada la Iniciativa Mérida no haya entregado todavía mas que una fracción mínima del dinero prometido y que México esté todavía bajo el sitio del crimen organizado. […] Así que yo no veo de este lado ningún indicio de que estén preocupados un poco por este saqueo a Pemex”.
La corrupción en altas esferas del sistema estadounidense puede explicar en todo ese desinterés, dice José Castelazo, director del departamento Sociedad y Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
“En el caso del robo de combustible y la cadena de distribución en los propios Estados Unidos, equivale a hablar casi de cualquier producto, sea lícito o ilícito. Por ejemplo, en el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México hay una serie de colusiones brutales con el crimen organizado, en ambos lados. Y lo mismo sucede con la distribución de la droga en Estados Unidos. Entonces, (los narcos mexicanos) encontraron una veta de corrupción a través de la red de distribución del combustible robado”, explica.
El Universal
