La terca realidad que finalmente termina por imponerse, confirmó el homicidio doloso con la agravante de responsabilidad médica por broncoaspiración y no por anafilaxia del niño Edward Luna Trujillo, por los médicos Gabriela Cruz López y Luis Alberto Pérez Méndez.
Al mismo tiempo, la realidad confirmó la mala leche de la mano negra de Flavio Sosa y del senador Fernando Mayans del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para beneficiar electoralmente a Manuel Andrés López Obrador (MALO) con el movimiento médico.
La denuncia sobre la manipulación del caso por el dirigente estatal de Comuna, Flavio Sosa Villavicencio, para presionar y chantajeara la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado, a través de marchas y un paro nacional, obligó a don Flavio a sacar la cabeza.
Con los datos de prueba que surgen de diversos testimonios, los peritos médicos de la Fiscalía General, Ignacio Cruz García y Jaime Alfonso Mayoral Vásquez, determinaron responsabilidad en los imputados señalados por el Ministerio Público, debido a la actitud omisa de los mismos.
El menor falleció por asfixia por broncoaspiración porque en la tráquea y el estómago habían restos de alimentos, incluso, en la zona del alveolo pulmonar; existía también sobredosis de lidocaína, en una concentración de 2.2 miligramos por litro en la sangre, sustancia considerada tóxica en dosis altas, lo que le produjo bradicardia a la víctima.
Esta última circunstancia ni siquiera fue reportada por los imputados en las notas médicas del menor; más aún, en el dictamen de los peritos médicos se manifestó que los imputados no cubrieron los requisitos indispensables de ayuno de la víctima, atendiendo a que era necesario que contara con mínimo ocho horas de ayuno para poder realizar la intervención quirúrgica a que fue sometido, habiendo transcurrido únicamente cinco horas después del consumo de alimentos.
Por si fuera poco, en las conclusiones de los peritos médicos consta que las complicaciones no fueron resueltas oportunamente por los médicos tratantes Gabriel Cruz López y Luis Alberto Pérez Méndez, quienes dada su preparación profesional, sabían del efecto colateral que podía causar la sobredosis de lidocaína en el cuerpo del menor.
En las notas médicas del Hospital del Valle y del Hospital San Lucas no existe ninguna referencia de la aplicación de lidocaína, y este medicamento a dosis tóxicas da como efecto colateral bradicardia severa, es decir, disminución de latidos cardíacos y colapso cardíaco, el cual presentó la víctima al final de la cirugía.
Inexplicablemente, los médicos tratantes no pudieron advertir oportunamente la complicación, máxime que a consecuencia de esos efectos colaterales, una vez que fueron advertidos, pero no atendidos ni oportuna ni adecuadamente por los imputados, los médicos del Hospital San Lucas realizaron diversas maniobras al menor por virtud de los diversos paros cardiorrespiratorios que sufrió derivado del suministro excesivo de lidocaína que los imputados omitieron referir en las notas médicas del menor.
A pesar de estar debidamente probado el homicidio doloso con la agravante de responsabilidad médica por broncoaspiración y no por anafilaxia del niño Edward Luna Trujillo, el activista de Morena y seguidor de Manuel Andrés López Obrador, Flavio Sosa, se atreve a afirmar que es injusto, que el médico Luis Alberto Pérez Méndez siga encarcelado por la muerte del menor.
Según información de la Agencia Quadratín, el dirigente de la organización Comuna, Flavio Sosa Villavicencio, consideró que es injusto que el médico ortopedista Luis Pérez siga detenido por la supuesta responsabilidad médica en la muerte de un menor.
En entrevista, dijo que su postura ha sido que es una injusticia que el médico haya sido detenido, ya que la profesión médica no debe criminalizarse, contrario a lo que se menciona.
“Si el señor cayó en una irresponsabilidad debe ser juzgado como tal, el tema debe aclararse a la sociedad y castigarse según la responsabilidad que haya cometido, pero a mí me parece que el médico ni actuó con dolo ni cometió un crimen”, expresó.
Sosa Villavicencio descartó totalmente que tenga el poder para ejercer presión sobre un encarcelamiento, ya que compete totalmente al Poder Judicial y contrario a ello, expuso que él apoya la postura de liberar al doctor como lo pide el gremio médico.
Refirió que un grupo de médicos amigos suyos le pidió su intervención para conseguir una audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho, la cual gestionó a título personal.
“La posición de los médicos que expresaron al presidente del TSJE fue que el doctor detenido tiene derecho a un juicio justo y no ser criminalizado”, indicó.
Flavio Sosa abundó que el movimiento de protesta de los médicos exhibe los errores tanto del sistema de justicia mexicano, como la situación del sistema de salud en Oaxaca.
El dirigente de Comuna dijo que uno de los argumentos de los jueces para mantener detenido al médico es que la clínica en la que operó al menor no contaba con terapia intensiva, ya que supuestamente es una obligación del médico asegurarse que existan las instalaciones pertinentes. “¿Cuántos hospitales tienen unidad de terapia intensiva en Oaxaca? Unos cinco o seis en todo el estado. Si hacemos caso a ese argumento, doctores en la Costa o en la Mixteca no podrían operar bajo ninguna circunstancia.
Estos son elementos bajo los que no se puede juzgar a una persona y mucho menos acusarlo de criminal”, señaló.
Sosa Villavicencio aclaró que en ningún momento la familia del menor se ha reunido con él, no obstante, dijo que tienen todo el derecho de exigir justicia ante este tema que debe quedar claro ante la sociedad.
Al respecto de las movilizaciones de médicos, dijo que están en su derecho de exigir información sobre el caso. “Si todo se hace de manera discreta o secreta, ni se transparenta nada, la gente tiene derecho a inconformarse”, indicó.
Ante la amenaza de paro en los servicios de salud por parte de los médicos, Flavio Sosa dijo que es urgente que el gobierno de Oaxaca resuelva este tema.
“Se necesita una respuesta inmediata, el gobierno no debe permitir que el problema crezca. Se debe atender de manera emergente el conflicto y el problema del sistema de salud en Oaxaca”, afirmó.
Consideró que instancias como la Secretaría General de Gobierno (Segego) deben intervenir también para atender la problemática y evitar que crezca como hasta ahora.
El pasado lunes 2 de abril, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron al médico Luis Alberto P. M. acusado de homicidio por negligencia médica.
La Fiscalía de Oaxaca indicó que hay elementos suficientes para tipificar el delito como homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica.
La comunidad médica en Oaxaca ha realizado manifestaciones, realizando bloqueos, para pedir que el médico siga su proceso en libertad.
A estas protestas se han unido grupos de médicos de otros estados, además de una campaña en redes sociales y en plataformas como Change.org.
El caso del médico Luis Alberto Pérez, acusado por homicidio doloso tras la muerte del niño Edward Luna, llegó al Senado de la República, cuyo video fue ampliamente difundido en redes sociales como parte de la campaña de presión y chantaje para dejar impune la muerte de Edward.
Fernando Mayans, exigió justicia y reclamó la falta de equipo médico que enfrenta a diario el sector salud. Ante la tribuna, el Senador hizo un llamado al gobernador de Oaxaca.
Alejandro Murat, a Roberto (?) Vasconcelos Méndez, Fiscal General de Estado de Oaxaca, y a los secretarios de salud, para que tomen cartas en el asunto y analicen la situación donde el médico hizo lo posible por atender al menor en un hospital que no cuenta con el equipo adecuado.
No obstante, propuso un punto de acuerdo para que se respete la presunta inocencia del Médico Traumatólogo que atendió al menor de una fractura de brazo y que luego falleciera en noviembre pasado.
Asimismo, exigió a la Comisión de Justicia analizar la reforma turnada en abril de 2017 y que tiene a cargo regular la criminalización de la profesión médica, para que atienda, estudie y dictamine a la brevedad posible.
Tras convocar a la movilización del gremio, Mayans pidió al Senado de la República el pronunciamiento para que garantice al médico Luis, el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución Política, así como el derecho humano. Pues dijo que ningún médico actúa de mala fe, lo que sucedió con el menor fue tiene que ver con la reacción anafiláctica y ahí nadie es culpable.
“Dejen de hacerse pendejos” (se dirigió a los senadores) para que aprueben una reforma que proteja a los médicos a la hora de ejercer su profesión en circunstancias adversas y sin equipo, finalizó.
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