El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU condenó al Estado mexicano por torturas cometidas por militares en contra de cuatro personas en Baja California en 2009, informaron ayer organizaciones civiles.
Se trata de la primera decisión sobre un caso individual de México que emite este órgano.
El CAT concluyó que el Estado mexicano es responsable de no haber iniciado una investigación de oficio, inmediata e imparcial sobre los hechos; de no haber reparado el daño causado a las víctimas y sus familiares, y de dictar autos de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
“Es el primer caso donde se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por la tortura, la detención arbitraria, el arraigo, el uso indebido de la jurisdicción militar y la negligencia de la investigación de los delitos por parte de la PGR y la CNDH”, destacó José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Es la oportunidad de oro que tiene el Estado mexicano en su conjunto para demostrar que en este país existe la voluntad para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió.
En rueda de prensa, representantes de la CMDPDH, Amnistía Internacional y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad expusieron que México violó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por los actos de tortura contra Ramiro Rodríguez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, quienes fueron detenidos sin orden de aprehensión acusados de secuestro en Playas de Rosarito.
Los hombres fueron trasladados a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería y en la segunda zona militar en Tijuana, donde fueron víctimas de tortura con el fin de autoinculparse de los delitos por los que se les acusaba.
Los actos de tortura incluyeron golpes múltiples, descargas eléctricas, tortura sexual, extracción de uñas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico y amenazas de muerte.
A la fecha, las cuatro víctimas se encuentran en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro “Noroeste”, en Tepic.
El CAT de la ONU urgió al Gobierno mexicano a liberar a las víctimas, iniciar una investigación y procesar, juzgar y castigar a los responsables, además de que solicitó la reparación integral del daño a las víctimas.
El Estado mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida que haya adoptado para hacer efectivas las medidas de reparación a las víctimas.
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