Con dispensa de trámites y por urgente y obvia resolución el Congreso local aprobó requerir a los ayuntamientos regidos por el sistema de partidos políticos integrar a los concejales de representación proporcional a fin de evitar consecuencias administrativas y además solicitar al titular del Poder Ejecutivo considere las suspensión de la construcción de la planta hidroeléctrica en la Presa Cerro de Oro, en la Cuenca del Papaloapan, hasta no valorar las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de ese proyecto.
Lo anterior, durante la sesión ordinaria de este miércoles, en que los diputados desahogaron un orden del día de 15 puntos y antes de concluirlo guardaron un minuto de silencio en memoria del arzobispo emérito y defensor de los indígenas de Chiapas, Samuel Ruiz, fallecido el pasado 24 de enero en la capital del país.
En la sesión, el diputado Elías Cortés López, del PRI, presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, expuso en tribuna la situación que priva en algunos municipios donde no fueron integrados los regidores de representación proporcional, conculcándose con esos actos los derechos políticos de estos, por lo que a propuesta del diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD, la comisión acordó requerir a los ayuntamientos a no cometer esta violación a la ley, pues constituye una causal grave para la suspensión o revocación del mandato de algún miembro de los ayuntamientos. La propuesta fue respaldada por unanimidad.
La diputada del PC, Ángela Hernández Solís, fue portavoz en tribuna de una petición de la comunidad de Santa Úrsula, en la Cuenca de Papaloapan, respecto a la afectación en su medio ambiente por la construcción de la planta hidroeléctrica en la Presa Cerro de Oro, por parte de una compañía de Nueva York, que cubrirá más de 6 mil metros cuadrados afectando a las comunidades de los Reyes, San Rafael, Sebastopol, Paso de Canoa y Santa Úrsula por las líneas de transmisión que abarca cerca de 260 mil metros cuadrados, las cuales llevarán la electricidad generada por la presa.
La legisladora señaló que los impactos ambientales del proyecto incluyen deforestación, cambio en el flujo del río y sus arroyos, los efectos en las tierras rivereñas y los que la línea de transmisión ocasionarían sobre la flora, fauna y población, además de considerar que este proyecto es una prueba de la privatización de la generación de energía eléctrica emprendida por la Comisión federal de Electricidad.
Por tales motivos, se aprobó un punto de acuerdo para que el pleno instruya a la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Martín Vásquez Villanueva, del PRI, para que solicite a los poderes federal y estatal los expedientes técnicos de esta construcción y al Ejecutivo del Estado considere la suspensión de dicha obra, hasta conocer el impacto ambiental, económico, social y cultural realizado por una institución de prestigio, con lo que la LXI Legislatura manifestó su compromiso con la conservación, protección y preservación del patrimonio natural.
De acuerdo con el orden del día fueron turnados a comisiones diversas propuestas entre las que se encuentran cuatro iniciativas con proyecto de decreto presentadas por el gobernador Gabino Cué Monteagudo por las que propone reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de las leyes que crea el Instituto Estatal de Ecología, de Ingresos del estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2011, de Seguridad Pública y de Protección Civil del Estado, las cuales fueron turnadas para su estudio a la Comisión Permanente de Administración de Justicia y a petición de los legisladores a las comisiones respectivas de acuerdo a la materia.
También se dio entrada a dos propuestas del mandatario estatal, Cué Monteagudo, para extinguir los fideicomisos Fondo de Fomento a Empresas de Solidaridad en el Istmo de Oaxaca (FOFASIO) y el Fondo de Fomento Minero Oaxaqueño, ambas enviadas a las Comisión Permanente de Hacienda y la última también a las comisiones permanentes Industrial, Comercial y Artesanal y Agropecuaria, Forestal y Minera.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, diputado Carol Antonio Altamirano, a nombre de su bancada presentó la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en los muros del recinto parlamentario el nombre del líder sindical y político Demetrio Vallejo Martínez no sólo para reivindicar la memoria de un oaxaqueño distinguido, sino ponderar y valorar la lucha por la independencia política de la clase trabajadora como uno de los procesos más importantes del siglo XX, dijo.
A su vez, la diputada del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana, presentó una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca para otorgar el reconocimiento a los peritos institucionales y con ello puedan participar en el proceso penal, ya sea en la etapa procesal o bien en la de instrucción, según sean requeridos.
IMPULSAN LEYES DE BENEFICIO SOCIAL
Diputados representantes del PRI, PAN, PRD, PC, PT y PUP respaldaron turnar a comisiones un paquete de iniciativas de ley para establecer el derecho a recibir un paquete de útiles escolares a las y los alumnos de escuelas públicas del estado, el derecho a contar con una beca para los jóvenes residente en el estado que estudien en los planteles de educación superior, la iniciativa de Ley de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de Setenta Años y la Ley de Impulso a las Jefas de Familia Desempleadas.
Las propuestas fueron presentadas en tribuna por el diputado Everardo Hugo Hernández Guzmán, del PRD, quien destacó la sensibilidad de los integrantes del Congreso al darle importancia a temas sociales y expuso los elementos generales de las cuatro leyes propuestas. En cuanto a la de impulso a jefas de familia desempleadas destacó que las mujeres trabajadoras que pierdan su empleo reciban la intervención solidaria y temporal del Estado, que se concretaría en la entrega mensual de un apoyo equivalente a medio salario mínimo general vigente en Oaxaca, para que puedan cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar por un año, o menos si es que acceden a un empleo permanente y remunerado.
La iniciativa de Ley que establece el derecho a recibir un paquete de útiles escolares a las y los alumnos de escuelas públicas del Estado, en el nivel primaria tiene como finalidad que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el acceso y la permanencia escolar de los niños y las niñas, con un objetivo muy sencillo: dotar a cada uno de los útiles básicos para que pueda ir a la escuela. De aprobarse, la iniciativa se convertiría en una ayuda a las jefas y jefes de familia que verían aligerada la carga económica de cada ciclo escolar y sin duda ayudaría a frenar la deserción escolar.
Asimismo, la iniciativa de Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Estado de Oaxaca, busca enfrentar la deserción escolar a través de el apoyo de recursos que permita a los estudiantes solventar algunos de los gastos destinados para su formación profesional, con un monto equivalente a medio salario mínimo general vigente. Mientras que la iniciativa de Ley de Pensión Alimentaria para Adultos mayores de Setenta Años propone convertir en derecho pleno la universalidad de este tipo de ayudas en consonancia con distintos principios y compromisos internacionales que han comprometido al Estado mexicano a dar atención universal a los adultos mayores.
El diputado señaló que aunque para ir al fondo del tema de la pobreza y el subdesarrollo se requiere un gran conjunto de acciones, desde política económica hasta inversiones públicas en infraestructura básica, las propuestas presentadas significará un paso concreto para que los proyectos de atención a la gente que más lo necesita sean exigibles como derechos.
Convocó a actuar con generosidad al solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva, representada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, que diera entrada a estas iniciativas a fin de analizarlas y revisarlas con la opinión plural de todos sus integrantes. “Demostremos que este Congreso tiene sensibilidad ante las carencias de las mujeres, niños, jóvenes y ancianos que requieren de la intervención social y asumamos todos que gobernar y legislar en Oaxaca es ni más ni menos que servirle a su gente, indicó.
La iniciativa fue respaldada en tribuna por el diputado Isaac Rodríguez Soto, del PAN, quien manifestó su beneplácito por la unificación de criterios de los legisladores de las diferentes expresiones políticas, haciendo un lado las posturas partidistas, en torno a la necesidad de impulsar nuevas leyes en beneficio de grupos vulnerables de la sociedad.
Estas acciones en unidad dan muestra de un Congreso responsable, demócrata, ocupado en temas que valen la pena porque muestran el interés que tenemos con el pueblo de Oaxaca, y que nos consolidan como un Poder Legislativo que es portavoz de las demandas de la sociedad, aseveró el diputado externar su felicitación a sus 41 compañeros por asumir el compromiso de legislar con visión social.
