La Diputación Permanente del Congreso local reservó para un próximo periodo extraordinario de sesiones una iniciativa con proyecto de decreto enviada por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz para la creación del organismo público descentralizado denominado Hospital de la Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zárate Mijangos, con un marco jurídico actualizado y en el que se incluyan disposiciones relativas a la investigación y enseñanza médica.
Asimismo, turnó a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales dos solicitudes del titular del Poder Ejecutivo respecto a la autorización de la entrega en comodato de un bien inmueble ubicado en San Bartolo Coyotepec para la construcción del Centro de Integración Juvenil y la donación de un predio situado en la agencia municipal de San Juan Chapultepec que sería destinado a la construcción de las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Oaxaca.
En la sesión ordinaria de este jueves, presidida por el legislador Jaime Aranda Castillo, del PRI, de conformidad con lo que marca la ley, se turnaron a las comisiones respectivas diversos oficios recibidos por la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, en su mayoría sobre asuntos municipales de Teposcolula, Santa María Mixtequilla, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Santa Lucía del Camino y San Pedro Comitancillo, entre otros.
Entre ellos, el escrito enviado por el presidente del concejo municipal de San Raymundo Jalpan, Celestino Marcos Nava Mendoza, en el que comunica a la LX Legislatura que por acuerdo de asamblea general de ciudadanos, celebrada el 11 de julio pasado, se nombró a los nuevos integrantes del concejo de acuerdo con los usos y costumbres de la población, el cual se remitió al titular del Poder Ejecutivo en términos de la fracción XV del artículo 79 de la Constitución local.
Sobre la situación derivada de la problemática que enfrentan algunos ayuntamientos en la entidad, que se traduce en movilizaciones, tomas de edificios públicos y bloqueos, los diputados Floriberto Vásquez López, del PRI, y Wilfredo Fidel Vásquez López, del PRD, se pronunciaron por una atención más efectiva a las autoridades municipales por parte de las instancias correspondientes.
El representante popular por el distrito XX, de la zona Mixe-Choapam, indicó que estas circunstancias se pueden evitar la movilización de la gente dando respuesta positiva a sus planteamientos y expuso el caso de la comunidad de Los Valles, perteneciente a Santa María Guienagati y de las localidades de La Esperanza, La Soledad y 12 de Julio, en jurisdicción de Matías Romero, que culturalmente han pertenecido a la etnia Mixe.
Explicó que este grupo de poblaciones por la falta de atención y de recursos solicitaron su segregación de dichos ayuntamientos y su incorporación a San Juan Mazatlán Mixe, sin embargo, a pesar de que han cumplido en tiempo y forma con los requerimientos de la ley, no han logrado ningún avance en su petición por lo que el asunto se ha tornado delicado y podría generar violencia.
En el mismo contexto, el diputado Vásquez López planteó la situación en los municipios de San Raymundo Jalpan, San Pedro y San Pablo Tequixtepec y Santa Lucía del Camino. A propuesta del presidente de la mesa directiva, diputado Aranda Castillo y considerando que se trata de asuntos álgidos se acordó hacerlos llegar por escrito a la Comisión Permanente de Gobernación.
Por otra parte, durante la sesión, se reservó también la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Salud, en materia del combate al narcomenudeo y que permitan la aplicación de un procedimiento único para la investigación y persecución de estos delitos, presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, diputado Dagoberto Carreño Gopar.
En su intervención en tribuna, el legislador resaltó que la propuesta se ajusta a las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 que imponen un plazo de un año a partir del inicio de su vigencia para que las legislaturas locales adecúen las leyes respectivas en esta materia.
