La permanente guerra sexenal por el Gobierno de Oaxaca ha dado un nuevo giro interesante.
Otra vez, se aparece El Demonio de Tasmania en el camino del llamado “tirano” Ulises Ruiz Ortiz.
El primer choque entre Flavio Sosa y Ulises Ruiz, ocurrió en 2006, cuando el ex gobernador dejó de dar 400 millones de pesos a las organizaciones sociales, lo que llevó a la creación de la APPO.
Por la traición política a quienes le impusieron en el poder, agravado por el secuestro de su “burbuja”, los ex gobernadores utilizaron a Flavio y a la APPO, para intentar tirar a Ulises Ruiz.
Lo evitó el hecho que deshiciera de un manotazo el copete a Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, cuando junto con Naty González Parás le propuso pedir licencia.
Para desactivar el acuerdo de un grupo de gobernadores que no le apoyaban, Ulises amenazó con entregar en dos horas el Palacio de Gobierno de Oaxaca a Andrés Manuel López Obrador.
Laboratorio político nacional desde la década de los 70, Oaxaca sigue siendo arena de la disputa por el poder nacional y local, prueba de lo cual impedirán que URO se apodere del PRI nacional.
La genial perversidad de los oaxaqueños no tiene parangón. En el siglo XIX ilustres paisanos contribuyeron a construir México, pero a finales del siglo XX empezaron, también, a destruirlo.
Pero, ahora, el sesgo es más que interesante. A cambio de 50 millones de pesos Flavio Sosa Villavicencio, otra vez, es utilizado como mozo de estoque contra el ex gobernador oaxaqueño.
En un ejercicio de creación de escenarios políticos futuros, el objetivo, es plausible. Recuperar para el Gobierno del Estado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
De manera más que genial, se realizará una catafixia, canje, cambalache, intercambio o permuta, como prefiera llamarle, querido lector. Dinero a cambio de posiciones políticos a Don Flavio.
No de otra manera se puede entender la información, en el sentido que “Comuneros exigen entrega del predio de Ciudad Administrativa; acusan a Ulises Ruiz Ortiz de burlar convenio”.
El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza, exige “DDHPO debe contar con un titular acreditado para el cargo”. Es decir, Arturo Peimbert es moneda de cambio.
La terca realidad finalmente termina por imponerse. Al gobernador Alejandro Murat urge recuperar la coordinación con los órganos autónomos para garantizar la gobernabilidad y gobernanza. Iniciaron, pues, los cambios.
Comuneros del Municipio de Tlalixtac de Cabrera, denunciaron el abuso por parte de algunas autoridades por la ocupación indebida de terrenos que forman parte de los bienes comunales de la comunidad, en el complejo gubernamental de ciudad Administrativa.
Por ello, exigieron a las autoridades competentes, el pago de sus predios que afirman les adeudan y que oscila en varios millones de pesos, mismo que fue gestionado durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por el cual otorgaron 3 hectáreas de terreno para la edificación de Ciudad Administrativa.
En este sentido, señalaron que en el 2008 se debió haber liquidado este convenio que consta de un monto aproximado de 50 millones de pesos, así como diversas obras de infraestructura social a beneficio de la población.
Es la misma receta que aplicó Flavio Sosa, a través de los ejidatarios y comuneros de San Agustín de las Juntas contra Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V., concesionario del Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán, por la ocupación de 26 hectáreas, por la que ganó él 12 millones.
Informaron que el gobierno del estado ha estado gastando multimillonarias cantidades para adjudicarse estas tierras, cuando la ley señala que las tierras comunales son inembargables, con todo y ello anunciaron haber gastado más de 1000 millones de pesos con un grupo de personas quienes, según esto, eran los propietarios de estas tierras.
No obstante, a 8 años de aquella última fecha no han cumplido, por lo que exigieron una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat para que aclaren la situación.
Por una parte, dijeron que están en la mejor disposición para finiquitar dicho convenio o, en caso contrario, solicitan que el Gobierno les regrese las tierras comunales, que aún pertenecen a Tlalixtac de Cabrera porque la autoridad no concluyó el trámite de adjudicación legal.
En Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, por otro lado, el legislador perredista Horacio Antonio Mendoza presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que prevé establecer que la titularidad de dicho organismo, recaiga en una persona que tenga Título de Licenciado en Derecho y que acredite una experiencia mínima de tres años en conocimientos teóricos y prácticos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
En tribuna, el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló que el objetivo de esta reforma, es que el titular de la Defensoría sea un verdadero vigilante y pugne por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en la entidad, “en la actualidad, el respeto de los Derechos humanos, no sólo implica el cumplimiento de la normatividad estatal o federal, sino también de tratados internacionales de los cuales México es parte, lo que sin duda implica que se exija una mayor preparación de la persona que ocupe la titularidad de dicho organismo, con la finalidad de hacer efectiva la promoción, aplicación y defensa de los derechos humanos, pues actualmente la ley es omisa en solicitar dichos requisitos”.
Antonio Mendoza, manifestó que de acuerdo al Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017, realizado por el INEGI, Oaxaca ocupa el décimo quinto lugar en número de quejas, con un total de 3 mil 328 presentadas en el año 2016, pero también ocupa los primeros lugares en menor índice de respuesta ante violaciones de derechos humanos.
“La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es la segunda a nivel nacional con expedientes rezagados, mencionándose que existen resoluciones con una tardanza en cuatros años en emitirse, esto es inconcebible”.
Finalmente, el Diputado local, dijo que la inclusión del principio pro persona en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos, ha implicado una modificación de raíz en la forma en que las autoridades deben sustentar su actuación, “las autoridades no solamente deben regirse con base a un control de constitucionalidad, sino también de conformidad con las obligaciones y estándares internacionales, lo cual en la práctica, ha significado retos importantes para la aplicación del control de convencionalidad, mismos que deben ser superados en beneficio de la sociedad”.
@efektoaguila
