En la coyuntura de un cambio de gobierno dentro del mismo grupo político, la impresionante ceremonia castrense del martes encabezada por los presidentes López Obrador y Sheinbaum Pardo perfiló un marco de referencia del fortalecimiento de la seguridad como la columna vertebral de la República ante agresiones externas e internas.
La ceremonia militar en las instalaciones del Colegio Militar en Tlalpan refrendó la voluntad constitucional del sector castrense del país de someterse a la autoridad superior del Ejecutivo federal como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la figura de López Obrador ya en camino de salida y ahora a partir de Claudia Sheinbaum Pardo como figura femenina de la política de poder para los próximos seis años.
Los discursos del mandatario saliente y la mandataria entrante mostraron la caracterización de la estructura política de la República: el Estado de seguridad interior como fortaleza del Estado de seguridad nacional que representa la estructura de gobierno civil.
La ceremonia en el Colegio Militar marcó de manera formal el traslado del poder presidencial del presidente López Obrador a la presidenta Sheinbaum Pardo y representó la oportunidad para que las Fuerzas Armadas refrendaran que tienen cimientos constitucionales de subordinación a la autoridad civil de la Jefatura del Ejecutivo, ahora con una mujer como titular.
En su primer discurso formal como presidenta electa constitucional y por lo tanto ya con el cargo de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum Pardo destacó el reforzamiento de la subordinación legal y voluntaria de militares y marinos a la autoridad constitucional del presidente de la República –presidenta, a partir el próximo 1 de octubre–, y dejó caer delante de todos los militares y marinos presentes una de las críticas más graves que se ha dado desde el poder hacía las órdenes del poder civil en el pasado para reprimir a la sociedad: “desgraciadamente, no siempre este mando civil (que mandata la Constitución) actuó de manera correcta, pues en más de una ocasión violentó leyes y derechos humanos que debería haber respetado estrictamente”.
Esta declaración coincide también con el dictamen de la Comisión de la Verdad que reconoce la violación de derechos humanos por parte de las autoridades policiacas y militares en el período 1964-1990 y que definió la corresponsabilidad bajo el título de alto contenido político del documento: “Fue el Estado” el responsable de la represión, y de ahí el compromiso público hoy del mando civil, mandos militares y tropas de no repetir esos errores graves en la historia del país.
En su discurso en esa ocasión, el presidente López Obrador señaló –en realidad reiteró una vez más– que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública formó parte del nuevo paradigma de seguridad interior, es decir, cuando las tareas del Estado entienden que la situación de inestabilidad dentro de la República por actividades del crimen organizado interrumpen la tarea fundamental del Estado de mantener la estabilidad nacional, el Estado de derecho, las garantías para la inversión y la defensa de la ciudadanía ante agresiones de un crimen organizado con capacidad de fuego casi igual y a veces superior a la de las fuerzas de seguridad policiacas.
El escenario político quedó muy claro: del Estado como concepto ético se ha pasado, por razones de activismo delictivo y de amenazas de agresiones de estados externos, a una situación de riesgo simultáneo en seguridad interior y seguridad nacional. Estados Unidos es considerado (tesis de Gore Vidal) como Estado de seguridad nacional por su condición imperial de dominación del mundo, y el mexicano ya es un Estado de seguridad interior porque la estabilidad interna depende de la tensión dinámica entre los intereses de la sociedad vis a vis los objetivos de dominación de todas clases de grupos delictivos.
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Política para dummies: la política como poder es dinámica.
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