La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a ocho personas señaladas como presuntas responsables del secuestro de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocurrido el pasado 28 de junio en la zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla.
Los empleados se encontraban reparando su vehículo sobre un camino de la región de Tulancingo-Huauchinango cuando fueron privados de su libertad, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
La investigación federal permitió identificar a ocho personas presuntamente relacionadas con el delito: Anaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”.
Cinco cateos permitieron avanzar en la investigación
La captura fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), que llevó a cabo cinco cateos en inmuebles relacionados con el caso.
Tras reunir los datos de prueba considerados suficientes, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó el caso ante la autoridad judicial.
Los ocho detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro y quedaron sujetos al procedimiento penal correspondiente.
La vinculación a proceso implica que un juez consideró que existen elementos para que la investigación continúe, pero no constituye una sentencia ni determina la culpabilidad de los acusados.
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente sobre el estado o paradero de los dos trabajadores, por lo que las circunstancias que rodearon su desaparición y lo ocurrido con ellos continúan bajo investigación.
La desaparición provocó la intervención de autoridades federales
El caso tomó relevancia desde finales de junio, cuando se reportó la desaparición de los empleados de la CFE en la región de Huauchinango, Puebla, y los límites con Hidalgo.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó entonces que la FGR había atraído la investigación. Previamente, autoridades estatales habían iniciado las primeras diligencias después de que fueran localizados los vehículos en los que viajaban los trabajadores.
La investigación pasó al ámbito federal debido a que las víctimas eran empleados de la Comisión Federal de Electricidad.
La propia CFE confirmó en su momento la desaparición de sus trabajadores y señaló que mantenía colaboración con las autoridades encargadas de la investigación, además de brindar acompañamiento a sus familias.
Las víctimas fueron identificadas como Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años.
Con la detención y vinculación a proceso de las ocho personas, la investigación entra en una nueva etapa en la que las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el secuestro, determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y, especialmente, establecer qué ocurrió con los dos trabajadores de la CFE.
