Gilberto Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la detención del líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez.
Higuera Bernal indicó que el mandamiento judicial contra Rubén Núñez y otros maestros fue librado el 14 de abril de este año al encontrarse elementos de pruebas suficientes, a consideración de la autoridad judicial, para estimarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismo que es previsto y sancionado por el Artículo 400 bis, fracción primera del Código Penal Federal.
Recalcó que la conducta que se imputa al líder de la CNTE consiste en la adquisición, administración y aprovechamiento de recursos económicos de procedencia ilícita y su posterior aplicación para fines propios.
Informó también que en la indagatoria realizada por la Procuraduría se acreditó que los recursos referidos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la suscripción de convenios ilícitos.
Recalcó que la investigación permitió demostrar que al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección 22 de la CNTE con algunas empresas, éstas entregaron al imputado de manera directa, indirecta o por interpósitas personas una comisión quincenal de 3.5 por ciento calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva por las ventas, productos y servicios que proporcionaban dichas empresas a sus agremiados, a quienes se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección 22 controlaba aún al Instituto Estatal de Educación de Oaxaca.
Precisó que el monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta ahora demostrado y que fueron adquiridos y operados por Núñez Ginez ascienden a más de 24 millones de pesos, como resultado que las empresas involucradas le hicieron en el periodo comprendido del 2013 al 2015 en cumplimiento a los ilícitos convenios referidos.
Gilberto Higuera Bernal dijo que de acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y a otros integrantes de la organización sindical, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 del Sindicato; y estos a su vez distraían esos recursos mediante cheques o transferencias para beneficio propio, e incluso para destinarlos a financiar movilizaciones de sus agremiados.
Dijo que esto se trata de una estrategia considerada como estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos, que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de su origen y movilización de estos recursos, así como para ocultar el origen, los propietarios y el destino final de los mismos.
Reiteró que el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios representados, al amparo de los convenios ilícitos suscritos por la organización sindical con empresas que también actuaron con ilicitud, en beneficio propio.
Recalcó que la ley prohíbe que la sección 22 suscriba este tipo de convenios, debido al carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, según lo previsto por los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los Sindicatos ejercer la función de comerciantes con ánimo o fines de lucro.
Asimismo, indicó que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal de realizar actividades lucrativas; por tanto, sólo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso evidentemente se trasgredió.
Higuera Bernal aseguró que la PGR participará activamente ante la autoridad judicial, conforme a sus atribuciones, para que se aplique la ley a quienes han sido puestos a disposición de los Tribunales por su presunta responsabilidad en estos hechos.
Destacó que respecto a este mismo evento delictivo, hace unas semanas fue aprehendido el secretario de finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año le fue dictado el auto de formal prisión correspondiente por el delito de operaciones por recursos de procedencia ilícita.
Dijo que ambos líderes son internados en Centros Federales de Readaptación Social y quedan a disposición del juez que ha librado los mandamientos y les instruye la causa penal correspondiente.
Por último, señaló que la PGR continuará la investigación, respecto a la obtención ilícita de más recursos del mismo origen por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132millones de pesos, así como de la probable participación de otras personas, y la probable omisión de otros ilícitos diverso al de lavado de dinero.
Reiteró que en este, como en todos los casos, la PGR continuará profundizando las investigaciones con estricto apego a derecho, y con los mismos términos procederá contra quien se encuentre como responsable.
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