Indignados por la retórica del presidente Echeverría, primero, y por la expropiación de los bancos del presidente López Portillo, después, los empresarios hijos del proteccionismo y la política de sustitución de importaciones rompieron su alianza tácita con los gobiernos priistas y se afiliaron –quizá sea más preciso decir compraron– al Partido Acción Nacional, para defender sus intereses políticos directamente y acceder al poder. Su nueva alianza estratégica estaba a tono con el ascenso de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido y con el ulterior derrumbe del bloque socialista.
En esos años, la base social del priismo empezaba a contraerse porque la economía había dejado de crecer y se agotaba la permeabilidad social, al tiempo que se estrechaba la capacidad de inclusión del PRI, lo que propició la creación de la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara e Ifigenia Martínez. La crisis y recesión de 1994-95 acentuaron el descontento y éste fue despresurizado por el gobierno del presidente Zedillo con la culminación de la reforma política de 1996, que se había iniciado 19 años antes.
El PAN, surgido para oponerse a la política cardenista, articuló su discurso político en torno a la crítica al PRI-gobierno: corrupción, fraude electoral, autoritarismo. A estos vicios, reales y supuestos, opuso los valores de la democracia que asumió como propia, no obstante que la derecha tiene que ser autoritaria para alcanzar sus fines, y lo ha sido en México y el mundo.
El PAN había condenado las luchas de los sindicatos por la democracia a mediados del siglo XX y de los estudiantes de 1968. Por eso el FDN, primero, y el PRD, después, tienen la responsabilidad histórica de haber caído en la trampa de oponer al Estado las supuestas virtudes de la “sociedad civil”, ente indefinido en cuyo nombre, la derecha hace política contra la política, aliada por cierto con la corriente perredista que controla las estructuras del partido.
La extrema derecha ha articulado un auténtico sabotaje a las instituciones del Estado. El discurso es tan simple como falaz: lo “ciudadano”, al que atribuye virtudes intrínsecas como honestidad y laboriosidad, es antagónico a lo “político”, en donde confluyen todos los vicios y lacras morales. El principal instrumento es la publicidad, cuyo objetivo es vender –un producto, una idea, una propuesta política, un candidato–, aunque deba sacrificar la verdad o el sentido común.
La Cámara de Diputados, que es una institución plural por excelencia y contrapeso al poder presidencial, es uno de los principales objetivos de la estrategia. La publicidad la identifica con el PRI, no obstante su composición pluripartidista, y al PRI lo identifica con el gobernador Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial con mayores índices de aceptación en las encuestas. Los denuestos a la Cámara de Diputados son, por lo mismo, la guerra sucia electoral adelantada.
El más reciente capítulo de la campaña contra esa institución tuvo lugar hace unos días, al finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y la acusación fue por la supuesta “congelación” de varias iniciativas de ley, entre ellas el paquete de reformas políticas.
Sólo para dar un ejemplo de la manipulación, cito las fechas que han sido hitos en el proceso legislativo de esas reformas: el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una iniciativa de “reforma del Estado” el 15 de diciembre de 2009. Después de dieciséis meses de negociaciones entre los senadores y la Presidencia de la República, el pleno del Senado aprobó un paquete de reformas con el nombre genérico de “reforma política” el 27 de abril de 2011. La Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado el 28 de abril de 2011. El 29 de abril de 2011, la minuta pasó a las comisiones que deben analizarla y dictaminarla. Ese mismo día se clausuró el período ordinario de sesiones.
No obstante que es imposible que una cámara legislativa –cualquier cámara en cualquier parte del mundo– analice, discuta y apruebe en un día un conjunto de reformas que modifican la Constitución, los intelectuales proclives al gobierno panista y los locutores de los monopolios de radio y televisión convertidos en analistas políticos se movilizaron para condenar a la Cámara de Diputados, al PRI y al gobernador Peña Nieto. Se montó una activa y anónima campaña a través de las redes sociales, en las que no se pueden distinguir los mensajes espontáneos de los de organizaciones políticas e incluso criminales.
La derecha panista sabe que no era posible que los diputados aprobaran o siquiera conocieran la minuta del Senado no sólo por falta de tiempo sino porque existe un procedimiento legal para asegurar que las iniciativas de ley sean analizadas y discutidas por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. En esencia consiste en que antes de pasar al pleno para su votación, deben ser estudiadas por las comisiones que corresponda según la materia de la iniciativa; el presidente de cada comisión debe convocar a sus miembros para estos trabajos y si esto no ocurre en un plazo de un mes, puede hacerlo la mayoría de los secretarios de la comisión.
La comisión principal en la reforma política es la de Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Juventino Castro y Castro, que no ha convocado porque está trabajando con Alejandro Encinas, candidato a gobernador del Estado de México. Otra comisión que debe examinar la minuta del Senado es la de Gobernación; tampoco ha sido convocada porque su presidente, el panista Javier Corral, está ocupado en la campaña de Luis Felipe Bravo Mena para gobernador del mismo Estado.
La estrategia de la derecha para torpedear al Estado es muy peligrosa, porque la alternativa a las instituciones es el autoritarismo amalgamado con los poderes fácticos: los monopolios de las telecomunicaciones y las finanzas, la jerarquía clerical y los entes privados que sirven de pantalla al crimen organizado.
La guerra contra el narcotráfico está cambiando, en los hechos, la naturaleza del Estado de Derecho por un Estado policiaco y militar. En esta perspectiva debe entenderse el activismo contra la política y las instituciones del Estado.
