La lista de asesores y consultores contratados por el Senado de la República rebasó ya los mil 600 empleados.
Según documentos de la Secretaría de Servicios Administrativos, la plantilla de Prestadores de Servicios Profesionales permitiría fácilmente que cada uno de los 128 legisladores contara con 12 asesores, en promedio, pagados con el dinero de todos los mexicanos.
Tienen consultores en 17 especialidades: jurídica, proceso legislativo, recursos materiales, humanos, financieros y contables, servicios administrativos, logística, difusión, información televisiva e informática.
También aseguran tener contratado a personal capacitado en protocolo y diplomacia parlamentaria, resguardo y protección, así como servicio civil de carrera, entre otros.
En el documento, con corte al 31 de diciembre de 2014, se detalla que el Senado cuenta con 13 asesores en materia de fiscalización y sólo uno para transparencia y rendición de cuentas.
Los reportes de gasto refieren que, durante el año pasado, se pagaron 55.18 millones de pesos al mes, en promedio, para cubrir el salario de este personal.
Para este 2015, el presupuesto aprobado es de 61.9 millones de pesos mensuales, es decir, 12.2 por ciento más.
A cambio del dinero, estos empleados sólo entregan a los legisladores recibos simples, los cuales ni siquiera tienen validez fiscal.
Del total de “contratos por honorarios asimilados a salarios”, más de mil fueron pagados a los asesores en materia legislativa, 92 por servicios de proceso legislativo, 142 asignados a servicios administrativos, 85 a secretarías técnicas y 35 a recursos materiales.
Otro reporte de la Dirección General de Recursos Humanos señala que 577 asesores están directamente al servicio de los 128 senadores y órganos de Gobierno, como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y el Instituto Belisario Domínguez.
En este contexto, la Cámara alta se prepara para un recorte presupuestal que podría impactar la contratación de este personal, aunque todavía no hay una decisión al respecto.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, propuso a las bancadas un ajuste del 10 por ciento en ese gasto, además de reducciones en otras 22 partidas, con la finalidad de conseguir un ahorro total de 250 millones de pesos en este año.
El Senado planea un recorte de 250 millones de pesos a su presupuesto de este año, pero sin tocar, hasta el momento, las dietas de los legisladores, los viajes y el número de comisiones.
El proyecto, del que REFORMA tiene copia, sólo contempla una reducción del 5.8 por ciento al gasto asignado para 2015, que rebasa los 4 mil 270 millones de pesos.
En el documento, los coordinadores parlamentarios no incluyeron la propuesta para reducirse 10 mil pesos de su dieta mensual -que asciende a 117 mil 500 pesos netos-, ya que para ello requieren de la autorización expresa de cada legislador y el tema aún está sujeto a negociación.
El proyecto de recorte distribuido entre los grupos parlamentarios detalla que las medidas de austeridad sólo afectarían a 23 partidas del presupuesto.
Originalmente, esos rubros representan erogaciones por 2 mil 262.55 millones de pesos.
Sin embargo, en caso de aprobarse el recorte, podrían reducirse en 247.82 millones de pesos, es decir, casi un 11 por ciento.
A pesar de que había sido anunciado por los coordinadores parlamentarios, los ajustes contemplados hasta ahora no impactarán los salarios de los senadores, ya que no se verá afectado el capítulo de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.
Los únicos recortes relacionados con la nómina de la Cámara se reflejan en la reducción del 10 por ciento de los Servicios Personales por Honorarios, con los que se pagan contratos de servicios profesionales del área legislativa y secretarios técnicos de las comisiones, así como asesores de las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.
La propuesta también plantea una reducción de sólo el 10 por ciento a la polémica bolsa discrecional de asignaciones a los grupos parlamentarios, que es de más de mil 228.22 millones de pesos para este 2015.
Por otro lado, los legisladores federales tampoco plantearon un esfuerzo de racionalidad con la desaparición de comisiones -como en la Cámara de Diputados- o en el gasto para sus viajes.
El proyecto propone un recorte pero sólo para los pasajes aéreos de los servidores públicos de mando, en un 40 por ciento, en viajes nacionales, y 25 por ciento, al extranjero.
Adicionalmente, establece reducciones en los viáticos de todos los servidores públicos, en un 20 por ciento, al interior de la República, y 25 por ciento, en el exterior.
Los alimentos para “el personal en las instalaciones de las dependencias” y la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales podrían sufrir una reducción del 22 por ciento.
Las partidas de telefonía convencional y celular, servicios de vigilancia, lavandería, limpieza e higiene, congresos y convenciones, material impreso y de apoyo informativo, fletes y maniobras, aparecen con una propuesta de recorte del 15 por ciento, en relación con lo propuesto para 2015.
En los ajustes están considerados los gastos de ceremonial y el equipo de administración, con un impacto del 10 por ciento.
El acuerdo de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para emitir las reglas del programa de austeridad del gasto fue elaborado desde el pasado 24 de febrero, pero sin acuerdo aún.
Reforma.com
