Jaime GUERRERO
Por violencia transfóbica y discriminación, la Activista LGBTTTIQ+ Sofía Fernanda Juárez Guandulain, demanda sanción pública a integrantes de la LXV Legislatura Local y trabajadores del Congreso del Estado de asegura la despidieron injustificadamente.
Exige garantías de no repetición.
Juárez Guandulain, activista de la comunidad LGBTTTIQ+, denunció que fue víctima de hostigamiento, acoso laboral, discriminación y despido injustificado por funcionarios del Congreso del Estado de Oaxaca.
Señaló al Director del Área de seguridad, el exmilitar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho, y la Directora de recursos humanos del Congreso del Estado de Oaxaca, quienes le iniciaron un acta administrativa injustificada; presumiblemente con la intención de afectar su trabajo, tanto en el Congreso del Estado, como en el activismo.
Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, dijo que no se trata de un caso menor; señaló que el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) ha contabilizado 590 asesinatos de personas transgénero en todo México entre el 2007 y 2022.
En conferencia de prensa, Juárez Guandulain, actual Presidenta de Trans- Difusión Asociación Civil y Comisionada de la Diversidad Sexual por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Oaxaca, exigió una sanción pública a funcionarios estatales por violencia transfóbica y discriminación dentro del Congreso de Oaxaca y que se garantice la no repetición de actos de discriminación para las mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Juárez Guendulain, quien laboraba en el Área de Seguridad y Resguardo del Congreso hasta el pasado 19 de junio, denunció a integrantes de la LXV Legislatura y trabajadores del Congreso del Estado, por violentar sus derechos humanos, laborales y por ejercer agresiones contra ella.
Por estos hechos, además del Director del Área de Seguridad y Resguardo del Congreso del Estado de Oaxaca, el exmilitar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho y Azucena Nallely Anguiano en su carácter de Directora de Recursos Humanos.
Afirmó que, tiene conocimiento de personas dentro del Congreso que ordenaron una persecución contra ella y diputados que no quisieron tener un contacto directo con ella.
Al compartir su testimonio, Sofía, explicó que las agresiones iniciaron en el año 2023, con el ingreso como Director del Área, del exmilitar Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho, quien inicialmente le solicitó a Sofía asesoría para abordar temas de violencia de género y lenguaje inclusivo, entre otros temas, precisamente al saber que Sofía es activista.
Contó que posteriormente el Director del Área comenzó a tener exigencias relacionadas con sus salidas, aunque ella no tenía un horario determinado; él estaba pendiente de los ingresos y salidas, se excedía en la carga laboral, incluso le pedía que realizara labores distintas a las que le correspondía.
Además –dijo- empezó a intervenir en su activismo y posteriormente inició el hostigamiento laboral al no incluirla en las actividades y proyectos, sumado a que no tomaba en cuenta su opinión y tampoco la recibía en su oficina.
Aunado a ello, en el mes de noviembre de 2023, al personal se le aumentó el sueldo en un 20%, pero a ella no.
Finalmente, le fue impedido el acceso a su centro laboral el 19 de junio pasado; el argumento utilizado por el Congreso para prescindir de sus servicios fueron supuestamente las ausencias, ella tenía derecho a 3; ninguna de las ausencias corresponde a las fechas que faltó; además de que todas las justificó a través de permisos, toda vez que esas faltas obedecían a reuniones relacionadas con el movimiento.
Su entonces jefe inmediato y la Directora de Recursos Humanos Azucena Nallely Anguiano, le iniciaron un acta administrativa injustificada; presumiblemente con la intención de afectar su trabajo tanto en el Congreso, como en el activismo.
Es en ese contexto subrayó que busca dejar un precedente y visibilizar los derechos que tiene, así como las violencias que ha vivido y que existan garantías de no repetición dentro y fuera de los espacios institucionales como el Congreso del Estado de Oaxaca.
En ese marco, desde Trans-Difusión Asociación Civil, Filadelfo Aldaz Deciderio también integrante de la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë Ja ntääk jyëën tyëjk, exigió que se garantice la reparación integral del daño, que incluye una compensación justa y adecuada por el daño moral, emocional y profesional ocasionado; además de instar al Congreso del Estado a incluir políticas claras contra la discriminación, programas de sensibilización y capacitación a su personal, y la creación de mecanismos de denuncia efectivos y accesibles para prevenir futuros casos de acoso o discriminación.
