En materia de extradiciones, el Gobierno de México perdió la confianza en Estados Unidos.
El País ha congelado solicitudes de extradición de criminales hechas por Estados Unidos porque las agencias estadounidenses negocian, a espaldas de la PGR, beneficios a los detenidos a cambio de información.Conforme bitácoras oficiales de encuentros de alto nivel entre los Procuradores de ambos países, a las que tuvo acceso REFORMA, el Gobierno mexicano manifestó su inconformidad por el trato que dispensaban en aquella nación a algunos extraditados.
Los reportes de encuentros de alto nivel realizados del 2013 a junio del 2015, entre Eric Holder, ex jefe del Departamento de Justicia, y el ex Procurador, Jesús Murillo Karam, así como sus sucesoras Loretta Lynch y Arely Gómez, revelan cómo ambos países se acusan de frenar o entorpecer las extradiciones.
“El Procurador (Murillo) explicó que en algunos casos la entrega ha sido suspendida, ya que los (criminales) reclamados fueron entrevistados sin conocimiento de las autoridades mexicanas, por agentes estadounidenses, quienes les ofrecieron, de consentir su extradición, otorgarles beneficios en la sentencia.
“El Procurador indicó, de forma categórica, que no se permitirá que estos casos se sujeten a un juego de quién ofrece más. En todos los casos, los interrogatorios y entrevistas deberán acordarse con anticipación”, señala la bitácora del encuentro entre Murillo Karam y Holder realizado el 9 y 10 de septiembre de 2013.
En esa reunión, Holder también reclamó el bajo índice de criminales extraditados por México, pues en los primeros ocho meses de ese año solo había extraditado a 31 mientras que en el mismo periodo del último año del Gobierno de Calderón fueron 71.
“El Procurador Holder expresó que los medios de comunicación, probablemente tratarán en algún momento el tema y le preocupa el manejo que darán a los números (estadísticas de extradiciones)”, indica el documento.
Esa vez, Holder también lamentó la liberación de Rafael Caro Quintero, pero su contraparte mexicano responsabilizó al Poder Judicial de la Federación por este fallo que, dijo, “causó gran sorpresa”.
En otro encuentro, el 30 de junio de 2014, Murillo pidió revisar la lista de criminales que EU no devolvió y “resultó imposible que regresaran a México a enfrentar los cargos en su contra”, según dice el documento.
Apenas el 15 y 17 de junio pasado, las Procuradoras Gómez y Lynch sostuvieron su primer encuentro bilateral.
Poco antes de la reunión, la PGR preparó un documento en el que, previendo reclamos, planteaba revirar y exponer que Washington tiene un déficit de extradiciones y que en México el amparo alarga los procesos de extradición.
Estos son algunos de los extractos de las bitácoras de aquellos encuentros sobre uno de los temas que se han tornado álgidos en la relación binacional.
En esta fecha, Jesús Murillo Karam y Eric Holder sostuvieron en Washington un encuentro donde expusieron nuevamente sus respectivas preocupaciones por la reducción en el número de extraditados.
El estadounidense pidió a Murillo su apoyo para revisar los casos de individuos cuya extradición se encuentra diferida, por estar sujetos a procesos penales por delitos cometidos en México.
Fue cuando Murillo Karam deslizó a su homólogo que del lado mexicano preocupaba que Estados Unidos no devolviera a los extraditables que tenían pendiente cumplir sus juicios y sentencias en nuestro País.
“El C. PGR ofreció revisar caso por caso y planteó al Procurador Holder que aquellos casos en los que él tuviera interés en obtener la extradición, se los planteara de forma directa, a fin de analizarlos. El Procurador Holder manifestó su acuerdo.
“El C. PGR expresó su preocupación por la situación que se ha presentado en diversos casos, en los que México suspendió procesos penales y diversos individuos fueron entregados en extradición, que posteriormente resultó imposible que regresaran a México a enfrentar los cargos en su contra”, señala el documento.
Entre el 15 al 17 de junio de este año, la Procuradora Arely Gómez sostuvo su primer encuentro con la nueva jefa del Departamento de Justicia, Loretta Lynch.
El equipo de Gómez preparó una serie de argumentos, en donde dan por sentado que los estadounidenses volverían a quejarse y decirse decepcionados por el bajo índice de extradiciones desde México.
“Sobre el hecho de que las extradiciones de México a los EU se han reducido, se sugiere comentar que igualmente las extradiciones de los EU a México han disminuido, ya que en lo que va del 2010 a la fecha, México ha entregado a los EU a 440 personas, mientras que los EU han entregado a México solamente 81 personas”, dice el documento preparado por la PGR, previo a esa cita.
La parte mexicana también indica que a los estadounidenses se les debe explicar que el descenso de las extradiciones responde a que los reclamados se encuentra en situación de entrega diferida, es decir, con procesos o sentencias pendientes en México.
Otro argumento es que EU no siempre proporciona la información necesaria para lograr la ubicación de los fugitivos y, además, cuando son detenidos, aquellos interponen amparos que alargan los procesos de extradición.
“(…) Independientemente de la resolución del juez de amparo, tanto el extraditable como la Cancillería pueden interponer un recurso final.
“Adicionalmente, la reforma legislativa en materia de amparo duplicó el término para la promoción del juicio de amparo en contra del acuerdo de extradición de 15 a 30 días”, agrega.
El contra argumento principal de la nueva gestión de la PGR es que prácticamente todo se puede litigar en la extradición, promoviendo amparos contra el acuerdo de extradición, la orden de detención provisional, la negativa de admitir pruebas en el juicio y las violaciones al debido proceso, lo que en algunas ocasiones suspende el dictado del acuerdo de extradición.
Adicionalmente, el Poder Judicial confirma o no en definitiva los acuerdos de extradición de la Cancillería, dicen los puntos preparados por la PGR, antes del encuentro entre las dos Procuradoras.
