Si de algo está consciente el presidente Enrique Peña Nieto, es de que su triunfo en las urnas y la mayoría priista en las cámaras federales, no bastan para reformar áreas sustantivas del país. Este reconocimiento subyace en el acto político más relevante de sus poco más de cinco meses de gobierno: la firma del Pacto por México.
También sabe que no tiene garantizado el apoyo de los legisladores priistas en cualquier circunstancia, y mucho menos el de los panistas, perredistas y verdes. Y si alguna duda tenía, quedó disipada con los obstáculos que enfrentó y las concesiones que hubo que hacer en la reforma a las telecomunicaciones. La razón es que las acciones convenidas en el Pacto afectan intereses más fuertes que la disciplina política o el compromiso.
Peña Nieto arriba a la Presidencia de la República con la doble ventaja que le dieron sus adversarios: por una parte, la inviabilidad del PAN con cualquier candidato y el desgaste del único líder nacional presumiblemente de izquierda. Por la otra, la torpe campaña fundada en la supuesta ignorancia y superficialidad del candidato priista, campaña que resultó tan eficaz, que convenció a sus propios promotores.
Pero estas ventajas del presidente siguen siendo insuficientes, no ya para hacer las reformas, sino incluso para gobernar. La población está lastimada por los muertos en la guerra de Calderón y porque la nueva estrategia contra el crimen organizado aún no da resultados creíbles. Está exhausta por los extremos de desigualdad económica, social y cultural, que se han exacerbado en los últimos 25 ó 30 años; por el incontenible binomio corrupción-impunidad, que no se disolvió con la aprehensión de Elba Esther Gordillo; por los excesos de estulticia y dispendio de no pocos gobiernos estatales y municipales; porque aún no se revierten la falta de empleos y espacios en la educación media superior y superior. Sé que es insensato exigir resultados inmediatos en asuntos tan graves, costosos y difíciles, pero quienes padecen miedo, hambre y desesperanza no pueden ser sensatos.
En este cuadro de adversidades, el presidente necesita una fuerte base de apoyo popular, no a su persona, pues espero que el país no retroceda a la era de los caudillos, sino a sus propuestas, y ese apoyo se logra con una intensa actividad política y con una información suficiente, clara y oportuna, pero también con el ejercicio del poder con apego, sin excepciones, al derecho. Así lo demostró el amplio aplauso a la casi incruenta evacuación de los maestros de la CETEG de la Autopista del Sol, que hasta donde pude percibir, tuvo aceptación general, no porque la población esté contra los maestros, sino porque ya está harta de “tomas”, vandalismo y violencia callejera.
El apoyo popular que tanto necesita el gobierno, no se consigue con actos desconcertantes como la aprehensión y liberación de cuatro integrantes de la CETEG. Cuando se anunció su captura y su envío a penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, muchos pensamos que ellos, y cuando menos los 39 más cuyas órdenes de aprehensión fueron igualmente informadas, eran presuntos responsables de terrorismo, sedición, motín y daños y que la PGR y la PG de Guerrero tenían pruebas suficientes de ello.
Pero no pasaron ni 72 horas para que el gobernador de la entidad hiciera públicas las negociaciones con el subsecretario federal de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en las que se acordó que sólo serían acusados por los dos delitos no graves y, por lo mismo, fueron puestos de inmediato en libertad.
Si esos individuos no cometieron actos de terrorismo y sedición, el responsable de haberlos privado injustamente de su libertad debería ser sancionado, por lo menos con el cese, no sólo por encarcelar inocentes, sino por provocar la indignación, justa por cierto, de los maestros de la CETEG y reducir así la viabilidad de la reforma educativa.
Si cometieron esos delitos y son culpables, el gobierno jamás debió negociar con ellos, pues eso no sólo contraviene el Estado de Derecho, sino que le resta credibilidad y, por lo mismo, apoyo popular al presidente, en un asunto tan difícil como la negociación –esa sí lícita– para que el magisterio apoye y no obstruya la renovación del sistema educativo. Y peor aún, porque el Estado mexicano parece haber reculado frente a una facción violentísima de maestros que, probablemente, está vinculada con grupos armados clandestinos.
El Pacto por México me entusiasmó y entusiasma, pero las reformas enunciadas en ese documento se quedarán en promesas o en cambios superficiales si no se sostiene y aun aumenta el apoyo popular, que es el mejor recurso para remover los obstáculos a esas reformas. No tengo nada contra los maestros –yo soy uno de ellos– pero ellos son los servidores públicos responsables de educar a los niños y jóvenes y tienen que hacerlo bien y rendir cuentas.
Si unos cuantos pelafustanes pueden vetar en la práctica el Pacto, qué no podrán hacer Televisa y TV Azteca, las matrices extranjeras de los bancos y los monopolios que antes que mexicanos, son eso, monopolios. Por eso reclamo al gobierno en el que creo y al que apoyo, que mantenga la firmeza, que no es lo mismo que el autoritarismo, y haga cumplir la ley, que es un requisito de la democracia.
