Hace unas semanas, Andrés López anunció que está en marcha el proyecto de una amplia descentralización administrativa en el nuevo gobierno que iniciará labores a partir del 1 de noviembre. Esta decisión, la reiteró el pasado lunes 9 ante la reunión que sostuvo con los miembros de la CONCAMIN.
Se trata, dijo, de que las dependencias federales se trasladen a la mayor parte de los estados de la República, a fin de que se produzca una derrama económica pareja en todo el país y no como ahora ocurre. “No más islas de crecimiento, y el resto de la República esté en el abandono”. Es ya una necesidad descentralizar el gobierno federal, más aun, cuando la experiencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados hizo evidente que no se puede concentrar la población solamente en la capital de la República, “hay mucha fragilidad y con los siniestros se perdieron muchas vidas”.
Trasladar la mayor parte de las dependencias federales al interior del país constituye un formidable reto ya que implica el traslado de miles de personas, construcción de inmuebles, de sistemas, de viviendas para los empleados, construcción de escuelas para los hijos de la base trabajadora, y todo lo necesario para instalar nuevos y más grandes centros de trabajo federal.
Significa también enorme gasto que aun no conocemos, como está ocurriendo con las reformas educativa y energética, que lo que sabemos es que la educativa será derogada y la energética que pondrá en marcha las seis refinerías arrumbadas y la construcción de una más, pero programas y proyectos en estos rubros todavía no aparecen.
Habrá que esperar que el formidable proyecto madure y se lleve a cabo pues la Capital del país no resiste más el abuso que ha dañando a su medio ambiente, a sus habitantes y a sus recursos naturales.
Además, es verdad que el traslado de las instituciones modificará el reparto de la riqueza que históricamente ha sido desigual, y hacerla más equitativa y justa con la descentralización no parece un desatino, toda vez que el desarrollo social de las entidades se vería beneficiado al contar con instancias federales que atraerían inversiones, negocios, nuevos desarrollos urbanos, académicos, sociales, etc.
Ademas, la Capital del país se salvaría de la muerte lenta a la que ha sido condenada por autoridades y habitantes por el abuso, la ignorancia, la corrupción administrativa y la tala criminal de sus bosques y montañas invadidas para construir desarrollos irregulares que no cumplen los requisitos de salubridad como tener agua y drenaje.
De manera, que el prometido y reiterado proyecto de cambio administrativo se contempla difícil, audaz, costoso y atrevidamente futurista, pero necesario y eso atrae.
Esta mudanza “no se realizará de manera arbitraria, se convencerá a los trabajadores de las secretarías, porque se les darán apoyos especiales a los que quieran trasladarse […] habrá facilidades amplias para adquirir viviendas en los estados y para que los hijos encuentren escuelas […] mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas, aumento salarial; permuta de plazas…” afirmó Andrés.
De manera que sería conveniente enterarse de las ubicaciones futuras de las instituciones, a fin de irse preparando en caso de aceptar este formidable reto, pensamos que la siguiente información le servirá para tomar decisiones llegado el momento:
Las secretarias que harán la mudanza son Turismo a Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente a Mérida, Yucatan; Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche; Enegía a Villahermosa, Tabasco; CFE a Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Conagua a Veracruz, Veracruz; SEP a Puebla, Puebla; Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala; Capufe a Cuernavaca, Morelos; Infonavit a Toluca, Edomex; Salud a Chilpancingo, Guerrero; IMSS a Morelia, Michoacán, Ganadería a Guadalajara, Jalisco; ISSSTE a Colima, Colima; INEGI a Aguascalientes, Aguascalientes; Contraloria a Queretaro, Queretaro; Trabajo a León, Guanajuato; Desarrollo Urbano a Pachuca, Hidalgo; Diconsa a Zacatecas, Zacatecas; Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, San Luis Potosí; Economía a Monterrey, Nuevo León.; Nacional Financiera a Torreón, Coahuila; Comisión Forestal a Durango, Durango; Minería a Chihuahua, Chihuahua; Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fonatur a Bahia de Banderas, Nayarit; Pesca a Mazatlán, Sinaloa; Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; Conacyt a la Paz, Baja California Sur y el SAT a Mexicali, Baja California.
Por lo que toca a Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa y Marina se mantendrán en Ciudad de México.
La SEDESOL, institución que hoy dirige, Eviel Pérez Magaña, ex precandidato a gobernador por Oaxaca, sacrificado por su propio partido debido a intereses y compromisos políticos mayores que sus ambiciones personales, fue recompensado por el Presidente Peña nombrándolo secretario de SEDESOL. Esta dependencia habrá de trasladarse a Oaxaca, seguramente por la cantidad de conflictos que a diario se enfrenta, y como en Oaxaca se encuentran las organizaciones expertas en bloqueos, plantones, tomas y destrucción de instituciones oficiales, de carreteras, de comercios y de escuelas; pues suponemos que el traslado viene como anillo al dedo y como el titular será un(a) oaxaqueño, pues de maravilla las batallas campales que se avecinan.
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