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El representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, denunció la desaparición en la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, del expediente iniciado en 1998 ante delitos de desaparición forzada y tortura física y psicológica en su contra, así como el temor de que los expedientes específicos de los casos de los Loxicha corran con la misma suerte.
Lo anterior, dijo, en un acto grave de omisión por parte de las autoridades estatales de garantizar los derechos humanos de la personas y ante un móvil claro que han manifestado desde sexenios atrás para desaparecer evidencias, en beneficio de ex funcionarios que pasarán a la historia como los máximos violadores de derechos humanos.
Sosa Maldonado indicó que la desaparición del expediente CEDH/550/(10)/OAX/98 que registraba las violaciones a sus derechos humanos, responden a la eliminación de pruebas que incrimine a Diódoro Carrasco y al propio Gabino Cué Monteagudo quienes se desempeñaban como gobernador del Estado y Secretario Técnico, respectivamente.
Así mismo demuestra la ineficiencia de las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia, que recurren a métodos abiertamente ilegales y violatorios de los más elementales derechos humanos, así como el estado de impunidad que prevalece ante las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la plena complicidad de los organismos gubernamentales.
Lo anterior porque en el 2005 tuvo la oportunidad de ver físicamente el expediente en la antes Comisión Estatal para la Defensa de los Humanos, y ahora que solicitó copia para recurrir a instancias internacionales, este ya no existe en la dependencia.
El activista social indicó que en el marco del 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, exigen el respeto irrestricto a los derechos como seres humanos, obligando a sus funcionarios a que ajusten sus actos a un marco mínimo de legalidad, al igual que las investigaciones sean objetivas, exhaustivas e imparciales en cuanto a los actos y acciones en las que se han violado los derechos humanos de las y los oaxaqueños.
Así mismo pidió castigo a los responsables y perpetradores de dichas violaciones y la garantía de conocer la verdad real e histórica de cada uno de los hechos, al igual que la reparación integral de los daños y la libertad de los presos políticos y de conciencia del país.
“Afortunadamente los derechos humanos son imprescriptibles por lo que seguiremos exigiendo justicia, mediante las instancias internacionales, a pesar que a nivel estado hagan todo lo posible para desaparecer las pruebas en contra de funcionarios que cometieron graves violaciones de derechos humanos” dijo el activista.
En cuanto a la administración actual fue crítico al asegurar que el gobierno del “cambio” solo maneja un discurso de simulación ante inclusión de los derechos humanos en cada una de sus acciones, pero que en la práctica no ha demostrado las más mínima prueba de voluntad política, para transitar en una senda enmarcada en lo derechos y garantías de cualquier persona, y lo cual queda de manifiesto ante la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto “fantasma” y que no tiene la menor intención de cumplir con lo que la ciudadanía quiere, que es justicia.
Aseveró que siguen existiendo complicidades con los violadores de derechos humanos, y se sigue premiando a funcionarios corruptos, con espacios en la función pública, sin fincarles responsabilidad, haciendo del fenómeno de la impunidad un “bola de nieve” difícil de frenar en la actualidad.
“Es una burla que el gobierno actual se diga defensor de los derechos humanos, sin serlo, y peor aún sin la más mínima voluntad de fincar responsabilidades a quienes han dañado a la sociedad en general, hal violar los derechos humanos de algunos” concluyó Juan Sosa.
Agencia JM
