Ahora que los derechos humanos y el debido proceso son utilizados por delincuentes para revisar expedientes de sentencias y lograr la libertad no por inocencia sino por errores de procedimientos penales, la doctrina de los derechos humanos podría quedar atrapada en la lógica de defender a delincuentes y no a inocentes.
El caso penal de los militares acusados por el caso de Tlatlaya estaría mostrando una parcialidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dañaría los principios legales de presunción de inocencia y de debido proceso de inocentes para beneficiar a los delincuentes culpables. La intención a priori de culpar a militares por encima de dictámenes legales y más por criterios políticos que por procedimientos penales está dañando el espíritu de los derechos humanos.
El 30 de junio de 2014 una partida de ocho militares fue atacada por una banda criminal de veintidós delincuentes con armas largas, una granada de fragmentación y vehículos robados. En el intercambio murieron veinte delincuentes y herido un soldado. Con testigos que cambiaron varias veces su declaración ante autoridad judicial –un delito que viola el debido proceso e invalida su condición de testigos–, investigaciones periciales ante tribunal determinaron que no hubo ejecuciones extrajudiciales ni se cambió la escena del crimen.
Pero la CNDH –que ha servido para detener otros abusos– inicio una campaña de acoso mediático contra la autoridad judicial desconociendo el valor legal de la resolución del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Si la Comisión no acepta la resolución, hay mecanismos legales de apelación. Pero la CNDH decidió optar por el escándalo mediático, como consta en la carta enviada al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, por la abogada de los militares acusados, declarados no culpables y liberados por ministerio de ley. Por la vía de los medios se quieren desconocer los procedimientos penales.
La abogada Lilia Mariana García Sánchez, defensora de los militares declarados no culpables por una autoridad judicial competente, acusa a la CNDH de violación de principios constitucionales de universalidad e igualdad. Presenta datos de que la CNDH quiere pasar por encima de una resolución de un tribunal legal para imponer su criterio de violación de derechos humanos que la autoridad pericial probó legalmente que no existió.
En este sentido, los derechos humanos están sirviendo más para liberar delincuentes –asesinos y secuestradores que se quejan de violación del debido proceso, como los plagiarios de la hija de Nelson Vargas– y no para defender también a ciudadanos acusados en falso y por razones políticas. Los militares que fueron encarcelados durante dos años por testimonios falsos ahora son perseguidos por la CNDH en base a argumentaciones de interpretación política como el de impunidad que usa la Comisión a pesar de que un tribunal legal determinó en proceso pericial que no hubo ajusticiamiento ni fabricación de escenas de crimen.
La prueba de fuego que no está pasando la CNDH es la de sus resoluciones basadas en indagatorias no periciales vis a vis procedimientos parciales en función de los códigos penales legales; es decir, una resolución de tipo político frente a una resolución pericial. La CNDH tiene el derecho de apelar decisiones de tribunales pero viola la presunción de inocencia cuando dictamina culpabilidad donde los tribunales encontraron no culpabilidad, aunque de por medio se encuentren los derechos humanos de acusados que fueron encontrados sin responsabilidad por la autoridad judicial.
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Política para dummies: La política de antes era engañar con las verdades y hoy es engañar con las mentiras.
Sólo para sus ojos:
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