El mensaje secreto del activismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA parece no haber sido leído por la clase política: el único camino para democratizar el sistema político priísta que beneficia a PRI, PAN, PRD y Morena será el de los derechos humanos.
El autoritarismo en México ha sido la piedra fundacional del sistema político y sus tres pilares fundamentales: el control del sistema judicial, el poderío presidencialista y el sometimiento de la oposición. La violación de derechos humanos ha sido la expresión final de la ausencia de espacios democráticos y de equilibrios institucionales.
El PRI aparece hoy como el centro de la presión nacional e internacional. El reporte final del grupo investigador de la CIDH sobre los 43 normalistas es un ejemplo de cómo los derechos humanos son hoy el mecanismo de presión internacional sobre el autoritarismo político. Y aunque la responsabilidad del secuestro y asesinato de los estudiantes normalistas fue del PRD, de todos modos la CIDH ha aprovechado el viaje para endosárselo al autoritarismo priísta.
El autoritarismo político ha sido el instrumento regulador de la distensión democrática. Pero se trata de un autoritarismo de sistema, no de personas. Por eso el PRD en Guerrero durante los gobiernos de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre se dedicó a reprimir a los normalistas, en el DF el PRD no desapareció el cuerpo de granaderos del 68 y el PAN en los estados que gobierna mantiene los mecanismos tradicionales de represión.
El problema es que los avisos van escalando los niveles de impugnación: la Comisión de DH y la Corte Interamericana de DH de la OEA han sido el nivel anterior al que podrían ser llevados funcionarios mexicanos: la Corte Penal Internacional. La acusación de genocidio contra el expresidente Echeverría no apelaba a la caracterización de los casos de Tlatelolco y el halconazo sino que preparaba el camino para acceder a los delitos de gobierno y de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional.
El sistema político priísta se ha sostenido por la vía de la represión. Y la sobrevivencia del sistema priísta se debió a la ausencia de una capacidad de denuncia de los sectores afectados por el autoritarismo. En la medida en que las denuncias de represión aumentan, el sistema priísta ha queda exhibido como autoritario.
Los casos de los normalistas y de Carmen Aristegui forman parte de la agenda de señalamiento de acciones autoritarias del sistema político priísta; las respuestas institucionales de la PGR están siendo rebasadas por el papel intervencionista de las instituciones extranjeras de derechos humanos. Y si pudieran resistirse esas presiones, de todos modos el espacio de denuncia política seguirá afectando al Estado mexicano.
El problema se resume al hecho de que el sistema político priísta ha usado el autoritarismo agresor de derechos humanos como un espacio de administración de las concesiones democratizadoras. Pero los espacios cómplices del sistema autoritario –los medios y la oposición– se han sumado como pivotes reproductores de las denuncias.
El autoritarismo fue, en los tiempos de dominio del sistema priísta, el costo político del bienestar garantizado por el Estado. Pero la crisis generalizada y acumulada ha dejado de ofrecer bienestar y el autoritarismo escaló a represión. Y ahí es donde puede ahogarse finalmente el sistema priísta.
Sólo para sus ojos:
- Algunos ceños fruncidos en equipos de precandidatos priístas por la reorganización del PRI porque el dirigente Manlio Fabio Beltrones no se abrió al equilibrio.
- Y para otros, la señal de la reorganización del PRI radica en el hecho de que Beltrones no sería candidato y el PRI operaría la nominación para otro precandidato.
- Primeras sonrisas en los priístas porque El Bronco parece desconocer el funcionamiento de un gobierno estatal. Ya ha pedido ayuda federal para nómina de aquí a fin de año y se la darían si acepta bajarle a su tono contra su antecesor.
- Por ello las primeras dudas de que El Bronco vaya a indiciar a su antecesor Rodrigo Medina. Ya le dijeron que las reses de hoy serán el asado de mañana.
- Al ministro de la Corte Juan Silva Meza ya se le olvidó que su nominación fue producto de un arreglo partidista. Su nombramiento en 1995 fue parte del arreglo de Zedillo con el PAN.
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