Desde su llegada a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, ha sido muy cuestionado por su falta de perfil académico y su nula defensa en los derechos humanos de los oaxaqueños.
Cuando Peimbert llegó al cargo, despidió injustificadamente a más de una docena de personas, de esta manera, violentó las garantías de los propios trabajadores.
También fue denunciado por violencia intrafamiliar y maltrato físico en contra de su ex esposa.
Algunos grupos sociales evidenciaron la complicidad entre los diputados de la 61 legislatura del Congreso del Estado, con el gobierno de Gabino Cué, para imponer en la DDHPO a Peimbert Calvo. Con tal de cumplir la orden, la legislatura interpretó mañosamente la Reforma Constitucional en el artículo 102- B, donde establece que “ninguna persona que haya desempeñado un puesto público en la administración gubernamental puede ser designado titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”. Frente a este punto, los legisladores dijeron que esa ley sólo se aplicaba a servidores de primer nivel, pero Peimbert, ocupó el puesto, cuando tres meses antes, estuvo como asesor en la oficina de la gubernatura, aún así, fue designado Ombudsman.
Al agotarse los recursos jurídicos en México sobre el nombramiento de Peimbert, en diciembre del 2012 fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. EEUU, sin que ocurriera absolutamente nada.
Después de toda esa serie de anomalías y advertencias por parte de los ciudadanos, de que los oaxaqueños no íbamos a contar con un órgano autónomo que defendiera los derechos humanos, en realidad, como si fueran maldición aquellas palabras, hoy estamos pagando las consecuencias.
El actuar de la Defensoría de los Derechos Humanos, sólo ha servido para cubrir los intereses del gobierno del Estado y para desviar recursos económicos.
Como Peimbert no asiste con regularidad a su oficina, el responsable de la misma es José Bernardo Rodríguez Alamilla. Éste es quien verdaderamente manda y toma decisiones en la defensoría, por eso le dicen el tata mandón.
En la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el capítulo III, artículo 17, segundo párrafo, dice que el Consejo Ciudadano estará integrado por seis personas, más el defensor o defensora, quien estará al frente de este órgano. El cargo de consejero o consejera tendrá carácter honorífico, con excepción del defensor o defensora y su duración será de seis años.
Y en el capítulo IV, de las facultades y funciones del Consejo Ciudadano, artículo 18, punto IV, dice que sus facultades son las siguientes: “Revisará para su aprobación el Presupuesto que enviará al Congreso del Estado”. En este punto, uno se pregunta, ¿acaso los consejeros también aprueban el presupuesto secreto o especial, que contempla el pago de sus respectivos honorarios?
A los consejeros ciudadanos nadie les pide cuentas, y no son sujetos de responsabilidad porque no tienen el carácter de servidores públicos, pero son la máxima autoridad junto con el defensor de emitir los lineamientos y las políticas de los derechos humanos en Oaxaca. Como la ley les prohíbe cobrar, Peimbert, por su parte, les paga a través de su directora de administración, Laura Méndez, quien a la vez se paga ella misma, miles y miles de pesos, que a lo largo de años ya suman millones de pesos.
De acuerdo a información de algunos trabajadores de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASE), órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental, declararon a Viral Noticias, el desvío de recursos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En el 2014, se utilizaron más de 13 millones de pesos, sólo en pago a personal que no está registrado como trabajador del mismo órgano. Tampoco se encontraron registrados como prestadores de servicios. Este abuso constituye un daño a la hacienda de la defensoría.
Nunca, en la historia de la Defensoría se le había realizado una supervisión. Con estas malas cuentas, solo queda pensar que Peimbert, está pagando favores a sus padrinos políticos y a las diferentes fracciones políticas de la Cámara de Diputados, quienes le permitieron llegar a la responsabilidad que hoy ostenta.
Cabe preguntarle a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, si de verdad aplicará sanciones ejemplares contra el defensor de los derechos humanos por haber infringido la ley.
Esta defensoría, la de Arturo Peimbert, se ha distinguido como la administración más corrupta de toda su historia. Peimbert tiene un desinterés total en la responsabilidad que se le confirió. Sólo se presenta dos días al mes (cada quincena) en las oficinas para cobrar, por esta razón le dicen “el maestro rural”. Para él, son mucho más importantes sus asuntos privados que la de ombudsman, pues se hace llamar empresario. Despacha asuntos de la defensoría, en sus ratos libres, y a control remoto desde la ciudad de México.
El contralor interno de este organismo, Luis Guzmán Zárate, quien fue electo por los consejeros, es incapaz de iniciar un procedimiento contra su jefe Peimbert, ya que es la Defensoría quien le paga a la Contraloría interna. Así que el contralor está atado de manos y no puede denunciar a su jefe por ausencia.
Dentro de este organismo hay una serie de irregularidades, como la que realiza el “Visitador general”. Ese cargo desapareció con la nueva ley del 2012, sin embargo, él se firma y tiene sello de esa responsabilidad. El título debe ser la de Coordinador general de la defensoría.
Por otro lado, trabajadores de la Defensoría, dijeron no entender a Arturo Peimbert, ya que uno de sus consejeros, Héctor Lorenzo Estrada, sea al mismo tiempo autoridad electa en San Bartolomé Zoogocho, como presidente municipal de ese lugar.
Los mismos trabajadores de la defensoría, aseguran que los dineros que frecuentemente retira del banco la administradora Laura Méndez, es para pagarles en efectivo a los consejeros ciudadanos y a algunos de los aviadores.
Es una lástima que este organismo, defensor de los derechos humanos, sea quien violente los derechos a través de pillerías. Un trabajador de ese lugar, que cubre sus ocho horas diarias, recibe un sueldo que va de los 4 a los 6 mil pesos, frente a otros desembolsos muy superiores que se les otorgan a los aviadores, y que según las investigaciones de la ASE, fueron detectados.
Más casos
Hay otros casos similares a este, se trata del Instituto estatal electoral y de participación ciudadana (IEEPCO), quien tiene en su nómina a cada uno de los representantes de los partidos políticos, lo que está fuera de toda regla. Los desvíos económicos que el IEEPCO ejerció durante 2014 son arriba de los 8 millones de pesos. Pero esta información será para la próxima.
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