El delegado estatal del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), José Luis Rico Arzate y el responsable de la oficina en Puerto Escondido, Fernando Simancas, fueron denunciados ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por obligar a los solicitantes de créditos a entregarles el 50 por ciento del monto que recibirían por sus proyectos para emprender una actividad formal.
Samuel Pérez Acevedo, originario de San Pablo Güilá, del municipio de Santiago Matatlán, denunció que luego de haber obtenido el pre-registro 2014000230, fue citado el pasado 15 de abril, para presentar en las oficinas delegacionales del INAES, un proyecto para establecer en su comunidad un negocio de juegos inflables.
En su denuncia señala que primeramente fue atendido por una empleada de la dependencia federal y por falta de dos credenciales de elector, que señalan las reglas de operación, el proyecto fue turnado al delegado estatal, José Luis Rico Arzate, quien determinaría la viabilidad del documento.
Sin embargo, Pérez Acevedo fue tratado de manera indigna e insultado por el funcionario federal, quién ante las súplicas del campesino para que le diera la oportunidad de presentar más tarde las credenciales de elector restantes y su proyecto fuera aprobado, le propuso “ayudarlo” a cambio del 50 por ciento del crédito que recibiría.
Ante esa actitud, Pérez Acevedo rechazó la propuesta y prefirió recoger su expediente, no sin antes recibir más insultos del delegado federal, así como una serie de amenazas de que si denunciaba los hechos, lo buscaría y “le rompería la madre, por rajón”.
De acuerdo al Sistema de Registro de Funcionarios Públicos Sancionados, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, en contra de José Luis Rico Azate existen dos sanciones, una de ellas en la Secretaría de Desarrollo Social en el expediente PA 005/2013 del diez de junio de 2005 y otra en el expediente PA 024/2003 con fecha de resolución del 29 de junio del mismo 2005, por negligencia administrativa.
Otra de las denuncias en contra de funcionarios de la INAES, presentada ante el presidente Peña Nieto y la directora general de programa, Narcedalia Ramírez Pineda, firmada por la señora Rosalía Burón Escamilla, señala directamente a Fernando Simancas, responsable de la oficina federal en Puerto Escondido.
La ama de casa, vecina de la comunidad de Las Negras, del municipio de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, del distrito de Juquila, población considerada dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, presentó ante el INAES un proyecto para mejorar un negocio de abarrotes.
El pasado 15 de abril fue recibida en las oficinas federales, localizadas en el fraccionamiento La Parota en Puerto Escondido, en donde fue atendida por Fernando Simancas, responsable de la delegación regional a quién le presentó su proyecto debidamente requisitado, sin embargo, el expediente fue rechazado de manera despótica y prepotente por el funcionario quién le ordenó a otra persona de nombre Delfino para que lo revisara nuevamente.
Tras insistirle a Fernando Simancas en que el expediente estaba completo, éste la sacó de las oficinas para ofrecer “ayudarla” para que su proyecto fuera aprobado, a cambio de hacer un compromiso económico con él, una vez que el ama de casa recibiera el crédito, “siempre y cuando que no le fuera a fallar”.
Después de ordenarle a Delfino para que ingresara el proyecto al sistema, Simancas le proporcionó a la mujer los números telefónicos de él y de Delfino “para estar en contacto” y “el caso lo reportaría al delegado estatal, Rico Arzate para que apoye con el proyecto, porque él es el que decide y hay que compartir con él una vez que salga la lana”, le aclaró.
La denunciante señala que después del “compromiso económico” que hiciera con Fernando Simancas, éste constantemente la llama para recordarle que no olvide cumplir con lo pactado, de lo contrario podrían cancelar de última hora el crédito ya aprobado.
Agencia JM
