Diana Méndez
Miembros del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), denunciaron que que David Hernández Salazar, quién es Agente Comunitario de Puente Madera, así como integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), son víctimas de persecución e intimidaciones, tras las protestas que han emprendido en defensa de sus tierras.
Por lo anterior, responsabilizan al gobierno del estado de Oaxaca y al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, de lo que le llegue a pasar a su compañero David Hernández Salazar, así como de las y los habitantes de Puente Madera, quienes están en resistencia.
Indicaron que Hernández Salazar desde 2021 es vocero de la comunidad en la lucha en contra de la imposición de uno de los Parques Industriales o Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico, en las tierras de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca.
Actualmente, enfrenta una denuncia penal, interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y, el Registro Agrario Nacional, con la Carpeta de Investigación 4884/FIST/TEHUANTEPEC/2022 en la Causa Penal 446/2022, dentro de esta, existen 17 órdenes de aprehensión en contra pobladores de Puente Madera, la próxima audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia será el próximo 7 de Noviembre.
Dijeron que el pasado 18 de octubre, David Hernández fue notificado de la Carpeta de Investigación FED/OAX/SC/0001589/2021, en la cual lo acusan ahora del delito de ataques a la vías de comunicación, esta reciente denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En dicha notificación se requiere la comparecencia de David Hernández Salazar para el desahogo de la audiencia inicial el día 1 de diciembre de 2023.
“Estás acciones de judicialización y criminalización en contra de David, se dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la SEDENA, organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición del PODEBI en las tierras de uso común de San Blas Atempa”, apuntaron.
