En el municipio de Tlalixtac de Cabrera ocho médicos de una Clínica Médica Rural, denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada por haber denunciado ocho casos de negligencia médica, entre ellos el caso de un recién nacido.
Advierten que el médico responsable de la Unidad Médica Rural, Raymundo Vargas Enríquez prefirió despedirlos a enfrentar su responsabilidad por los diferentes casos que ya fueron turnados ante la Comisión de Arbitraje Médico y ante la Procuraduría de Justicia en donde se integró un expediente penal, por abuso de autoridad y negligencia médica.
Este caso se suma al de la indígena mazateca que dio a luz en el patio trasero de la clínica rural de Jalapa de Díaz, donde después murió un menor que padecía bronquitis por falta de atención inmediata.
El doctor Víctor Manuel Hernández Trejo a quien le fue rescindido su contrato, sostiene que las negligencias son permanentes y han derivado en que los enfermeros y enfermeras presentan quejas.
“Por levantar la voz fui despedido injustamente”, acusa, dejando ver que buscó entrevistarse con el gobernador Gabino Cué en una audiencia pública, donde le ofrecieron que se respetaría su trabajo, pero el secretario de Salud terminó cancelando su contrato de trabajo.
Mencionó que los médicos inconformes, que fueron despedidos, se encuentran en el proceso de entrega de pruebas esperando que haya una actuación imparcial del Procurador.
Los casos de negligencia son diversos, desde la muerte de un recién nacido, hasta quejas por mal trato.
En tanto el Procurador de Justicia de Oaxaca Manuel de Jesús López, precisó que cada uno de los casos de negligencia médica denunciados, como el de la indígena Mazateca Irma López y el resto de las quejas y denuncias por otros excesos.
Anunció que los implicados podrían ser sancionados por los delitos de negligencia y abuso de autoridad, y aunque la pena sea de cinco años podrá salir bajo fianza.
De la misma forma los responsables también podrían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos, de ser sujetos a una sentencia condenatoria, además que su juicio sería público dentro del nuevo sistema de justicia oral.
El Procurador Manuel de Jesús López, adelantó que una vez que se logre identificar a los implicados se procederá en su contra y se analizará la gravedad de su falta, “hasta el momento hemos avanzado en los diagnósticos técnicos, químicos, de laboratorio, además de las revisiones de los expedientes y saber si fue atendido o no”.
Con respecto a los funcionarios que ya fueron separados de su cargo, no descartó que para evitar que se puedan dar a la fuga, se les ofrezca garantía de audiencia y si les resulta responsabilidad puedan ser sujetos a prisión preventiva.
Detalló el procurador que una vez que se les compruebe la plena responsabilidad podrían ser sujetos a una sentencia condenatoria, que implicaría en automático que puedan ser inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Con respecto a la actuación de la justicia contra médicos, abundó que hay procesos integrados contra médicos del servicio público y privado, de los cuales en este último año se ha procesado a cinco galenos.
La mayor parte de las denuncias interpuestas son por negligencia, responsabilidad médica y se ha procedido lo mismo contra médicos de la Secretaria de Salud Estatal, el IMSS e ISSTE.
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