Esta tarde integrantes de la CIDH presentaron un informe de investigación sobre el caso de los 43 en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”
Integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) arribaron esta tarde a las instalaciones de la Escuela Normal ‘Rural Isidro Burgos’ para brindar un informe preliminar sobre el estado de la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
La información presentada muestra una serie de omisiones cometidas por las autoridades que permiten desmentir la postura de la administración de Enrique Peña Nieto, quien ha reiterado que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
A casi cuatro años de la desaparición forzada, la CIDH enlistó una serie de obstrucciones a la justicia entre las que destacan: la posible participación de la policía federal, estatal y municipal; la falta de esclarecimiento del rol del Ejército en los hechos; las torturas y malos tratos en la búsqueda de información; las pruebas periciales en balística; la falta de identidad de los personajes ya reconocidos; y la implicación de líneas de autobuses en una red de tráfico de drogas a Estados Unidos.
En el informe presentado este lunes se hace énfasis en que los nueve celulares pertenecientes a los estudiantes fueron descartados de la investigación, a pesar de que continuaron activos la noche del 26 de septiembre y “al menos uno ellos” se encontró en posesión de un funcionario público del estado de Guerrero.
Lo anterior, fue afirmado por la relatora presidenta para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena luego de argumentar que la comisión “no acepta la verdad histórica” manejada por el gobierno mexicano; por lo que exige un “cambio en la narrativa” que permita profundizar en otras líneas de investigación.
Arosemena hizo un llamado al nuevo gobierno para que la averiguación integre expedientes estatales hasta ahora ignorados, se completen diligencias y se giren órdenes de aprehensión en contra de los policías que tenían puestos de coordinación la noche de los hechos.
En este mismo sentido Luis Ernesto Vargas, también comisionado de la CIDH, instó a que el “Estado mexicano se comprometa a investigar y dar respuesta a los cuestionamientos de los padres”, así como a registrar las coordenadas de las fosas clandestinas y hornos que han sido hallados.
Aseveró que es deber del gobierno contestar por qué hubo reuniones en el C4 la tarde del 26 de septiembre, porque la policía estatal cuidaba el basurero de Cocula 21 días antes de los hechos y cuál fue el destino de las armas utilizadas en Ayotzinapa.
Ambos reprobaron la actitud del gobierno federal frente a la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que dictó la Creación de una Comisión de Verdad para el Caso y que posteriormente fue amparada por más de cien recursos de diferentes instancias públicas.
“Me duele que frente a la importante resolución del Tribunal de Tamaulipas se hayan presentado múltiples impugnaciones. Parecería que no se quiere llegar a la verdad en el caso”. LUIS ERNESTO VARGAS. CIDH
A la lectura del informe preliminar se sumó la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH). Luis Raúl González Pérez reiteró la detención equivoca de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quién la PGR señala como presunto autor material del caso.
La CNDH informó que desde el pasado 23 de mayo se integró una carpeta de investigación en la que se denuncia que el nombre del implicado “apareció de la nada” en el proceso y no corresponde a las características físicas descritas para el seudónimo de “La Rana”, personaje que las autoridades han señalado como clave.
En el evento también estuvieron presentes los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y Alán García, que expresaron su apoyo a las familias, sumándose a la exigencia de la liberación inmediata de Uriel Sandoval.
“El caso de los 43 no ha eclipsado los demás casos de desapariciones, nos ha mostrado más ampliamente y más allá de las fronteras el dolor de tantas desapariciones en el país, junto a la falta de respuesta del Estado mexicano”. JAN JARAB. ONU-DH
Fuente: sdpnoticias.com
