Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, responsabilizaron al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz y a sus regidores de Salud, Gabriel Pérez y el suplente de obras Aarón Jiménez Pérez, de los hechos violentos registrados en esta localidad y los cuales dejaron el saldo de dos personas heridas con arma de fuego, una de ellas de gravedad.
“Este es el tipo de autoridades que tenemos en San José del Progreso, los cuales siguen en el poder por la presión que la empresa minera hace con el gobierno del estado” asintió Bernardo Vásquez Sánchez, quien en representación de habitantes explicó que la agresión de la Policía Municipal y en respuesta a la orden del presidente, se debió a la negativa de la población al proyecto minero existente en la comunidad, problemática de la que ya tiene conocimiento el gobierno del estado y no ha hecho nada al respecto.
Detalló que el miércoles, el pueblo sólo pedía una explicación sobre las obras, que se realizaban sin consentimiento del Comité de Usuarios del Agua Potable; motivo por el cual la Policía Municipal y seguidores del edil arremetieron contra pobladores, por orden directa del edil, saliendo a relucir armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Lo anterior dejó en el piso a Bernardo Méndez Vásquez y Abigail Vásquez Sánchez, quienes recibieron los impactos de bala, siendo el primero de los mencionados el que actualmente se debate entre la vida y la muerte, de acuerdo a las y los denunciantes.
Vásquez Sánchez, indicó que desde hace un año se ha venido insistiendo al gobierno del estado que voltee los ojos a la comunidad que vive una problemática en torno a la Minera Cuxcatlán y que sólo necesita un poco de voluntad política para que existan acuerdos de paz en la comunidad.
“El gobierno ha sido omiso al respecto y ha mostrado un desinterés por resolver la situación, por lo que estamos aquí exigiendo una pronta atención a la problemática que ahora derivó en actos violentos en contra de la ciudadanía” dijo Vásquez Sánchez.
Aseguró que elenebtos de la Policía Municipal se han convertido en sicarios de quienes representan los intereses de la mina de Cuxcatlán, a quienes no les importa pasar por encima de la población e incluso de ocasionar actos violentos que dejan al borde de la muerte a la gente de la comunidad.
Manifestó que las autoridades municipales se han visto beneficiadas con más de 6 millones de pesos anuales, que la mina les genera, dinero que no ha entrado a las arcas municipales y que sólo ha beneficiado a unos cuantos.
Por lo que ahora exigen al Gobierno del Estado y al Congreso local, una solución inmediata a la problemática que enfrentan, así como también se inicie el proceso de revocación del mandato contra las autoridades municipales de San José El Progreso, que sin importar los daños ocasionados arremetieron con actos violentos y portando armas de fuego en contra de la población.
“El gobierno se tiene que reivindicar con nosotros y esta vez sí atender la problemática en la comunidad” concluyó, a la par que no descartó la posibilidad de movilizarse de no existir una respuesta por parte de las autoridades estatales.
Agencia JM
