En su tercer día consecutivo en las afueras del Palacio de Gobierno, Mateo Gutiérrez Rosales, apoyado del personal del Centro Popular para la Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sociales, denunció actos arbitrarios en su contra por parte de las autoridades de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (PRODI) quienes lo despidieron injustificadamente, teniendo 14 años de servicio en la instancia.
Gutiérrez Rosalez pidió la intervención del Gobierno del Estado en su problema laboral que data desde el mes de agosto de 2005, cuando de acuerdo a lo narrado, fue despedido injustificadamente por la administración anterior, mientras se encontraba adscrito como personal de confianza y desempeñaba el cargo de defensor de oficio en la comunidad de Santiago Choapan.
Así mismo indicó que ese mismo año fue retenido su sueldo, sin otorgarle la liquidación correspondiente, motivo por el cual exige una indemnización constitucional, que de acuerdo al aproximado actual, oscila entre un millón doscientos mil pesos, debido a los catorce años de servicio prestados al Gobierno del estado.
“Fui despedido sin que se cumplieran las formalidades de ley, y las autoridades han hecho caso indebido de instituciones que supuestamente están para la defensa del trabajador, como es el caso de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se ha manifestado en todo momento parcial a favor del Gobierno” denunció el trebajador.
Aseguró que en estos momentos cuenta con un procedimiento legal, correspondiente al juicio laboral 219/2011 en la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, después de haber hecho los procesos pertinentes en la PRODI, sigue sin obtener respuesta, por lo que se decidió a manifestarse en las afueras del palacio en un acto de protesta ante la injusticia cometida en su contra.
Cansado de tanto tiempo sin resultados, Gutiérrez Rosalez reiteró la intervención del Gobierno, mediante una mesa de negociación entre ambas partes, toda vez que ya ha intentado todo de manera legal y escrita, incluso el manifestante hizo referencia que ya se ha acercado al Gobernador del Estado en pasadas audiencias, sin que se le haya podido dar solución.
“Ya son más de seis años y nadie puede resolver mi problema, yo solo quiero que se me haga justicia, porque el despido fue completamente injustificado, a pesar de que ellos argumentan que hubo incumplimiento en las condiciones generales de trabajo, lo cual no es cierto, solo querían el espacio para meter a un recomendado.”
Por último manifestó que aún le queda la confianza en que el “nuevo” gobierno pueda resolver su problema, y se repare el daño causado hacia su persona, mediante la indemnización correspondiente, aunque las instancias gubernamentales hasta el momento no muestren rastro de humanismo.
Agencia JM
