Diana Méndez
Organizaciones integrantes de Agua para Todxs y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) denunciaron que la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la elaboración de una nueva Ley General de Aguas excluyeron propuestas fundamentales presentadas por comunidades, especialistas y ciudadanía durante los Parlamentos Abiertos y Audiencias Públicas organizados en distintas regiones del país.
Las organizaciones acusaron que el proceso legislativo se realizó de manera “exprés”, sin discusión pública y sin incorporar planteamientos orientados a enfrentar el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción en el manejo del agua. Señalaron que el proyecto aprobado mantiene el esquema normativo conocido como “salinista”, vigente desde hace más de tres décadas, el cual advirtieron ha permitido la violación sistemática del derecho humano al agua y al medio ambiente sano.
Entre las propuestas rechazadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos se encuentran la prohibición de la privatización de obras y sistemas de agua, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la inclusión de núcleos agrarios en los Consejos de Cuenca, la mejora de los mecanismos para combatir la contaminación y la revisión del sistema de concesiones. Destacaron también que la reforma no incorpora medidas para garantizar agua a comunidades en situación de marginación hídrica ni para frenar prácticas discrecionales en la Conagua.
Las organizaciones advirtieron que, pese a los anuncios oficiales, la iniciativa no establece obligaciones claras para desmontar el acaparamiento ni para reducir la sobreconcesión. Asimismo, denunciaron que no se contemplan acciones para transparentar solicitudes, concesiones, pagos de derechos o dictámenes de disponibilidad, ámbitos que históricamente señalaron han permitido prácticas de corrupción en el sector.
Agua para Todxs y la Contraloría Autónoma reiteraron su compromiso de seguir impulsando un “buen gobierno del agua”, con principios de equidad, sostenibilidad y participación ciudadana, al afirmar que la reforma aprobada no cumple con el mandato constitucional en la materia.
Finalmente, hicieron un llamado a continuar revisando el desempeño de la autoridad hídrica, fortalecer la representación regional y garantizar que las decisiones sobre el agua respondan al interés público y no a presiones de grupos con poder económico.
