Diana Mendez
La colectiva feminista Marea Lila denunció públicamente a Carlos Esteban Robles Reyes, a quien señalan como presunto responsable de difundir contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento a través de grupos de Telegram, además de incurrir en diversas conductas de violencia contra al menos 15 víctimas.
De acuerdo con el pronunciamiento, el señalado se desempeña como residente de tercer año de anestesiología en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, institución que afirman ya habría sido notificada previamente sobre estas acusaciones sin que, hasta el momento, se hayan tomado medidas visibles al respecto.
La colectiva indicó que recibió más de 15 testimonios acompañados de pruebas, en los que se documentan presuntas amenazas, acoso sexual, agresiones físicas, manipulación psicológica y la difusión de material íntimo como forma de coerción. Asimismo, señalaron que el acusado habría intimidado a sus víctimas con compartir contenido privado o atentar contra su integridad y la de sus familiares.
Entre las denuncias también se menciona la presunta toma de fotografías y videos a pacientes dentro del hospital, bajo el argumento de fines médicos, situación que ha generado preocupación por posibles riesgos a la privacidad y seguridad de las mujeres que acuden a dicha institución.
Ante este panorama, Marea Lila hizo un llamado a las autoridades estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que se investiguen los hechos y se garantice justicia para las víctimas. Asimismo, solicitaron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y del fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
En su posicionamiento, la colectiva aseguró que cuenta con información y evidencia suficiente, la cual están dispuestas a presentar formalmente ante las instancias correspondientes, y reiteraron su exigencia de ser recibidas por autoridades para dar seguimiento al caso.
Finalmente, Marea Lila subrayó que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento constituye un delito y una forma de violencia digital, por lo que insistieron en la urgencia de acciones institucionales para evitar la impunidad y proteger a posibles víctimas dentro y fuera del ámbito hospitalario.
