Diana Mendez
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) denunció públicamente una serie de irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tras el enfrentamiento ocurrido el pasado 23 de marzo entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en el paraje conocido como “El Limar”, en la Sierra Sur del estado.
El conflicto dejó un saldo de seis personas fallecidas y varios heridos. Entre las víctimas se encontraba Valentino Bautista Vásquez, originario de San Francisco Coatlán, quien murió el 25 de marzo en el hospital rural del IMSS Bienestar en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Sin embargo, tres días después, el 28 de marzo, un juez de control de Miahuatlán libró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que ya había fallecido.
“El Ministerio Público solicitó la orden aun con pleno conocimiento de su defunción”, señaló Maurilio Santiago Reyes, representante de CEDHAPI, quien calificó la acción como una evidencia de la fabricación de culpables y de la falta de una investigación profesional y seria.
Además, se denunció la detención arbitraria de José Gabriel Bautista Jiménez, hijo de Valentino Bautista, quien resultó herido en el mismo enfrentamiento. Según el testimonio de su familia, fue detenido el mismo día de su alta médica, el 25 de marzo, por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes lo trasladaron con engaños a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Judicial, donde permanece detenido. La orden de aprehensión en su contra fue emitida hasta el 28 de marzo, tres días después de su retención.
CEDHAPI también informó que el juez de control de Tanivet, quien ahora conoce del caso, podría estar violando el principio de competencia territorial previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante estos hechos, la madre de Valentino Bautista y abuela de José Gabriel Bautista, Bonifacia Vásquez, exigió justicia y respeto a los derechos humanos: “No se puede aceptar que las víctimas de un ataque armado terminen siendo tratadas como culpables”.
El Centro de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a revisar el caso, garantizar el debido proceso y frenar la criminalización de las víctimas de San Francisco Coatlán.
