Diana Mendez
A 120 días de la desaparición de Sandra Estefana Domínguez Martínez, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han alzado la voz para exigir justicia y seguridad en el estado. La desaparición forzada, los homicidios y los feminicidios se han convertido en prácticas sistemáticas en la región, denunció el comité de familiares y amigos en búsqueda de la defensora Sandra Estefana Domínguez.
En este sentido, lamentaron el reciente enfrentamiento armado en el que perdió la vida un agente federal del grupo antisecuestros, así como tres presuntos responsables relacionados con la desaparición de Sandra. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del agente y extendemos nuestras condolencias a su familia”, señalaron, subrayando que este hecho refleja la grave crisis de violencia que afecta a miles de familias en el país.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad en la protección de la ciudadanía y actúen con urgencia en la búsqueda de desaparecidos. “El Estado tiene la obligación de frenar esta ola de violencia que ha arrebatado la paz y la seguridad de tantas comunidades”, destacaron.
Los familiares de Sandra denunciaron la falta de transparencia en el manejo de la información oficial, señalando que la difusión de detalles sin la debida comunicación a las familias solo incrementa su sufrimiento y vulnera derechos fundamentales.
Si bien reconocieron la labor de las fuerzas federales en la investigación, reiteraron la necesidad de mayor sensibilidad y urgencia en la búsqueda de los desaparecidos. También hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales para que se sumen a la exigencia de justicia y verdad.
“Agradecemos profundamente a las organizaciones que nos han acompañado en esta lucha, porque han realizado el trabajo que corresponde al gobierno. No existirían defensores de derechos humanos si no existieran violaciones a los derechos del pueblo”, enfatizaron.
Finalmente, pidieron a la sociedad mantenerse solidaria y no permitir que casos como el de Sandra caigan en el olvido. “Es momento de exigir justicia y que el Estado cumpla con su obligación de proteger la vida y la libertad de todos los ciudadanos, sin distinción”, concluyeron.
