Diana Mendez
Defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos solidarios y familiares de presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón protestan en la Ciudad de México, en exigencia de libertad para las personas indígenas criminalizadas y el cese a la persecución judicial en su contra.
En este sentido, denunciaron públicamente la existencia de 200 nuevas órdenes de aprehensión contra 56 personas defensoras, entre ellas la profesora jubilada Eusebia y la enfermera Marta, integrantes de la colectiva Mazatecas por la Libertad. También se señaló el acoso judicial contra el activista Francisco Durán y otras personas involucradas en la lucha por la justicia en Eloxochitlán.
Uno de los principales logros de la movilización fue el compromiso del juez de Huautla de Jiménez de entregar antes del 31 de mayo los informes pendientes en los 14 juicios de amparo relacionados con los casos de persecución política.
Las y los manifestantes responsabilizaron de la nueva ola de criminalización a la diputada Elisa Zepeda Lagunas, quien señalaron ha tenido injerencia directa en el aparato judicial del estado desde su gestión como presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local. También hicieron responsables al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, al gobernador Salomón Jara Cruz y a Manuel Zepeda Cortés, padre de la legisladora.
La jornada incluyó también un acto simbólico frente a la Secretaría de Gobernación como parte de una acción global por la justicia para los compañeros Baldemar Santiz y Andrés Santiz, así como en solidaridad con los pueblos zapatistas, cuyos territorios denunciaron están siendo vulnerados por políticas extractivas y de militarización
