Diana Méndez
Las autoridades municipales y agrarias que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) no ha proporcionado información oficial sobre la contaminación del arroyo “El Coyote”, ubicado en Magdalena Ocotlán. Este arroyo presenta una coloración anormal en su cauce, lo que ha generado una exigencia de atención inmediata por parte de las dependencias responsables.
En una conferencia de prensa, las autoridades explicaron que, el 24 y 25 de septiembre, realizaron recorridos en las inmediaciones del proyecto minero “San José”, ante denuncias de ciudadanos sobre un nuevo derrame de la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán, propiedad de Fortuna Silver Mines. Durante estos recorridos, constataron la presencia de sedimentos blanquecinos con espuma anormal, lo que alteró la composición del agua del arroyo.
Posteriormente, se presentó una denuncia ante PROFEPA, SEMARNAT y CONAGUA el 26 de septiembre. Sin embargo, en lugar de acudir a recabar información de primera mano, PROFEPA difundió un comunicado el 30 de septiembre, afirmando que inspectores federales habían verificado la operación normal del depósito de jales secos y que no había evidencia de un derrame.
Las autoridades locales lamentaron que este comunicado careciera de una investigación exhaustiva sobre la contaminación del arroyo, que afecta la potabilidad del agua en las comunidades aledañas. Criticaron la actuación de PROFEPA, señalando que favorece los intereses privados de la Compañía Minera Cuzcatlán, sin considerar las preocupaciones de las comunidades afectadas.
“Lejos de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, PROFEPA ha ignorado nuestra realidad. No hemos realizado alertas innecesarias; somos autoridades constitucionales reconocidas por el Estado mexicano y tenemos información directa sobre la situación de nuestro territorio”, enfatizaron.
Asimismo, solicitaron la realización de estudios en el cauce del río para deslindar responsabilidades y pidieron una investigación exhaustiva sobre la contaminación y sanciones para la empresa minera Cuzcatlán, responsable del derrame por segunda vez.
Las autoridades exigieron a la SEMARNAT la revocación de los permisos ambientales y la cancelación inmediata del proyecto minero por no ajustarse a los ordenamientos ambientales vigentes. También pidieron que el Juzgado Primero de Distrito integre la denuncia en el expediente y respete la decisión de las comunidades afectadas para cancelar las concesiones mineras en Valles Centrales de Oaxaca.
Finalmente, hicieron un llamado a la opinión pública para denunciar la situación provocada por el proyecto minero “San José”, que opera en Valles Centrales con impunidad y sin respetar la decisión de las comunidades afectadas.
