Diana Mendez
La organización Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales A.C. (CIARENA A.C.) denunció un nuevo acto de allanamiento en sus oficinas, lo que suma otro episodio al contexto de violencia y hostigamiento que enfrenta su directora, Silvia Pérez Yescas, reconocida defensora zapoteca de los derechos de las mujeres, juventudes y niñez indígenas.
Este sería el segundo hecho en pocos meses, luego de que el pasado 27 de febrero fuera vulnerado el domicilio de Pérez Yescas, donde sustrajeron equipo de cómputo con información sensible sobre el trabajo que desarrolla la organización en comunidades del Istmo de Tehuantepec. Desde entonces, la defensora ha sido objeto de amenazas de muerte y acoso, situación que la obligó a desplazarse de su comunidad de origen, Santa María Lombardo, en el municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
Silvia ha señalado como presunto responsable de las amenazas en su contra a César Pulido Herrera, actual funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y exagente municipal de María Lombardo. A pesar de que las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los señalamientos y antecedentes, las agresiones continúan en un clima de total impunidad.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) han reiterado su preocupación ante la falta de acciones eficaces por parte del Estado mexicano para proteger a Silvia Pérez y al equipo de CIARENA. Exigen medidas urgentes de seguridad, una investigación diligente de todos los ataques y el castigo a los responsables.
El trabajo de Silvia Pérez ha visibilizado múltiples casos de feminicidios, agresiones sexuales y violencia física contra mujeres, particularmente en la región de María Lombardo. Esta misma comunidad fue el último lugar donde se vio con vida a Sandra Domínguez, abogada ayuuk y defensora de los derechos de las mujeres, quien desapareció en octubre de 2024 y fue hallada asesinada en abril de 2025 en el estado de Veracruz.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el caso de Silvia Pérez no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia contra defensoras indígenas en Oaxaca. Hacen un llamado urgente a la solidaridad y responsabilizan al Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, de cualquier nuevo ataque que atente contra la vida o la integridad de la defensora.
