Ciudadanos afectados por las múltiples irregularidades que se han dado en la Fiscalía de la subprocuraduría Regional de la Mixteca, acusaron a los policías ministeriales destacamentados en Tlaxiaco al mando de Jorge Misael López Santibáñez, de contribuir al desorden y de poner en riesgo la paz social de esa región.
Ciudadanos afectados señalaron que el miércoles 19 de junio, los despojaron arbitrariamente de su automóvil, en su centro de trabajo en Santa Catarina Yosonotú, donde señalaron que con desfachatez les dijeron que era por una deuda con otra persona y que lo llevarían detenido.
Agregó que le ordenaron que manejara hasta la Fiscalía de Tlaxiaco y dejara el automóvil en ese lugar y que llegara al siguiente día para conciliar con la otra persona, sin embargo indicó al advertir que sus superiores tenían conocimiento de este abuso, tuvieron que poner a disposición del fiscal en turno el automóvil, el fiscal al constatar que no existía delito alguno, mucho menos la existencia de un legajo en contra del dueño, tuvieron que devolvérselo.
Así lo relató el profesor Rafael García quien acudió a denunciar estos hechos ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, no sin antes hacer un enérgico llamado al Procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López para que en la Fiscalía de Tlaxiaco haya orden y transparencia.
Señaló el afectado que estos hechos arbitrarios resultan preocupantes debido a que los ciudadanos de Tlaxiaco han reprobado de forma contundente este tipo de actuar y han manifestado su inconformidad con la fuerza necesaria para hacerse escuchar.
Por su parte el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), manifestó que en la región Mixteca se ha implementado un sistema de justicia penal que vendría a brindar mayor seguridad jurídica y acercar la justicia a los más vulnerables, sin embargo el ilegal actuar de los Agentes Investigadores inhibe a los ciudadanos a presentar su denuncia por lo negligente y corrupto del sistema.
Abundaron que existen en curso quejas hacia este cuerpo policiaco sin que la Procuraduría General de Justicia del Estado actúe con la energía necesaria para poner un alto a estos abusos.
Aun cuando se exteriorice que nuestro Estado está a la vanguardia en materia de seguridad por la existencia del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, conocido como C3, en realidad se continúa con los mismos vicios en los cuerpos policiacos.
Por ello es necesario que la ciudadanía denuncie estos actos, arbitrarios y corruptos, que atentan contra los derechos humanos, para obligar a las autoridades a cumplir exactamente con su deber, pues en un Estado de Derecho los policías deben actuar dentro del marco legal “haciendo lo que la Ley les ordena”, finalizaron.
Agencia JM
