El presidente Donald Trump, asediado por las investigaciones del Congreso para un posible juicio político, afirmó que lo que está en marcha es “un golpe de Estado” para privar a la ciudadanía de sus derechos.
A medida que me entero de más cosas cada día, estoy llegando a la conclusión de que lo que está en marcha no es un juicio político, es un GOLPE”, afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Según Trump el supuesto golpe “tiene la intención de arrebatar el Poder del Pueblo, su VOTO, sus Libertades, su Segunda Enmienda, Religión, Fuerzas Armadas, Muro en la Frontera, ¡y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de los Estados Unidos de America!”.
La segunda enmienda de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer armas y la referencia a la frontera está vinculada con la promesa de Trump de que construiría un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para contener la inmigración, y que México pagaría por ella.
La Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, ha iniciado formalmente una investigación que podría conducir al juicio político de Trump.
El proceso ha intensificado las disputas entre el Congreso y sus comités investigadores por un lado, y las diversas agencias del gobierno a las cuales la Casa Blanca ha ordenado que resistan a las investigaciones.
El inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick, ha solicitado una “reunión urgente” con funcionarios de varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado, para discutir documentos relacionados con esa agencia y Ucrania.
Los legisladores investigan a Trump por una llamada telefónica el 25 de julio con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, en la que le pidió que invesgigara al exvicepresidente Joe Biden, ahora aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020, y a su hijo por presunta corrupción en el país europeo.
Se espera que Linick se reúna con el personal legislativo esta tarde.
La solicitud inusitada de Linick ocurrió después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que se opone a que los funcionarios de su departamento, citados por el Congreso, concurran a declarar sobre la relación con Ucrania.
Permítanme ser claro: no toleraré tales tácticas, y utilizaré todos los medios a mi disposición para prevenir y exponer cualquier intento de intimidar a los profesionales dedicados a los que me enorgullece dirigir y servir en el Departamento de Estado”, dijo Pompeo en una carta enviada al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado. Los demócratas ocupan 235 escaños los 435 de esa Cámara.
Por su parte, el Senado, controlado por mayoría republicana, deberá contar con el respaldo de dos tercios de la cámara, 67 senadores, para destituir al presidente, algo que actualmente parece poco factible.
En la historia de Estados Unidos, solo tres presidentes han enfrentado hasta ahora procesos de destitución: Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), quienes fueron absueltos; y Richard Nixon (1964-1974), quien dimitió antes de que se produjera su juicio político.
EXCELSIOR
