Raúl Inda González, el joven que fue ubicado como cabecilla del cártel Arellano Félix por imágenes publicadas en el sitio YouTube, demandará a la Procuraduría General de la Republica (PGR) que resarza el daño moral y patrimonial que sufrió ante los señalamientos.
En conferencia de prensa ofrecida en el puerto de Ensenada donde reside, sostuvo que la información que manejó la dependencia federal generó serias afectaciones incluso a su familia.
Acompañado por su representante legal, el abogado Ricardo Alberto Sánchez Camacho, advirtió que la PGR debe desmentir la información de la misma forma y en el mismo espacio que usó para ubicarlo como Fernando Sánchez Arellano El Ingeniero, hijo de Enedina Arellano Félix, la hermana mayor del clan.
Acusó a la PGR y el gobierno federal como responsables de la situación que vive él mismo y su familia, incluso, responsabilizó a ambas instancias de cualquier situación que les suceda.
El joven, ingeniero industrial, padre de un bebé de apenas un mes, aseguró que aunque las imágenes fueron retiradas del sitio electrónico, un comando de encapuchados se presentó en su domicilio sin que aparentemente ocurriera nada.
Además, un grupo de agentes de la Policía Ministerial intentaron cuestionarlo sin que existiera una orden de por medio.
María del Carmen González, madre de Raúl, constató que el joven sufrió daño moral, emocional, patrimonial y social, y su entorno social quedó afectado, además de que su seguridad física quedó trastocada.
Inda González estaba a punto de cerrar la venta de unos terrenos en Tijuana a inversionistas extranjeros, pero éstos se retiraron cuando se enteraron de que se le ubicaba como presunto cabecilla del cártel Arellano Félix.
Ahora la empresa trasnacional para la que trabaja está por tomar una decisión respecto a su futuro laboral, luego de los señalamientos públicos, así que el daño patrimonial podría ser mayor al que sufrió tras la fallida transacción inmobiliaria.
Ricardo Alberto Sánchez Camacho, el abogado defensor, explicó que aún se desconoce quién “subió” las imágenes al YouTube, pero serán las autoridades federales las encargadas en averiguar la responsabilidad.
Insistió en que al margen del resultado de estas indagatorias, el Estado es responsable del daño inicial sufrido por Raúl y su familia.
“Se hará una investigación por difamación o calumnia a nivel local, pero será la autoridad la que determine el resultado de esta investigación”, advirtieron.
Consideraron que el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, debe ser quien ofrezca la disculpa pública para resarcir el daño moral, aunque quedará pendiente la afectación patrimonial.
Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la misma PGR depende si se autoriza una indemnización, pero siempre quedará el recurso de recurrir a otras instancias, dijo el representante legal.
Inda González recordó que su suegra fue quien le informó sobre las publicaciones que le identificaban como presunto cabecilla del crimen organizado, por lo que él mismo notificó a sus superiores laborales.
Aceptó que tuvo que esconderse aún a sabiendas de que no tiene ninguna relación con la delincuencia y que no era el hombre que identificaban como presunto criminal.
Recordó que desde el 2009 sabía de la publicación de las fotos en el YouTube y solicitó que las retiraran y le contestaron que no habría problemas, que la gente sabía que se trataba de una broma.
En su momento retiraron dos de los videos, pero quedó pendiente un tercero
El joven sostuvo que a pesar de que se aclaró la identidad de los videos, algunos amigos todavía le han enviado correos preguntándole “en qué anda metido”.
“No me siento igual, siento la mirada de toda la gente encima, siento vergüenza y hasta miedo de salir a la calle”, reconoció.
Advirtió a la población que tenga cuidado con las fotos que “suban” en sitios públicos porque existe el riesgo de que sean mal utilizadas, y los dueños de esos espacios hacer lo que gusten.
El Universal
