Mientras el Procurador de Oaxaca anuncia la integración de una fiscalía especial para esclarecer los crímenes cometidos en el régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, organismos civiles y Derechos Humanos le demandaron al gobernador Gabino Cué la creación de la Comisión de la Verdad.
El Procurador de Justicia Manuel de Jesús López López, adelanto que en estudio se encuentra la creación de una fiscalía especial para esclarecer los crímenes del pasado, especialmente los asesinatos de alto impacto registrados desde la revuelta social del 2006, hasta los crímenes ocurrido en la recta final del sexenio, entre ellos la ejecución perpetrada en contra del líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) Heriberto Pazos Ortiz.
Explico que se busca nombrar a un abogado especializado en materia penal para asumir el cargo.
Dijo que el cargo será por designación directa, rechazando que el nombramiento tenga que ser ratificado por el Congreso Local.
“Se trata de crear una fiscalía con equipo especializado, peritos psicólogos, agentes del ministerio público y recursos financieros suficientes para avocarse al esclarecimiento de cada uno de los crímenes cometidos en el régimen pasado”
López adelanto que la instauración de la figura tendrá que estar lista en las próximas semanas.
Sin embargo organismos civiles y de derechos humanos, demandaron al gobernador Gabino Cué crear la comisión de la verdad para sancionar con responsabilidades civiles administrativas y penales a jueces de consigna, agentes del Ministerio Público, policías y hasta ex funcionarios estatales involucrados en la presunta represión de estado cometido en contra del movimiento popular.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDH), capítulo Oaxaca, Isaac Torres Carmona, dijo que es necesario reivindicar el derecho a conocer la verdad como un derecho humanos, tras los actos ilegales cometidos por el régimen del priato.
Tras sostener una audiencia con el mandatario, el abogado dijo que se planteo al gobernador Cué, la necesidad de castigar con todo el peso de la ley a quienes estuvieron detrás de las llamadas “Caravanas de la Muerte”, o porque fueron habilitados campos militares como zonas de detención de opositores.
“Le demandamos la remoción y castigo contra los llamados jueces de consigna operan en Tlacolula, Miahuatlán, Ocotlán y la Villa de Etla que ejecutaron 400 ordenes de captura extrajudiciales para acallar las voces inconformes”.
De acuerdo con Torres Carmona, no puede haber en Oaxaca una reconciliación, mucho menos una transición democrática, cuando hay crímenes que no han sido aclarado y asesinos que gozan de impunidad.
En la petición de los organismos no gubernamentales al gobierno de Cué, se planteo desde llamar a juicio político al ex gobernador Ulises Ruiz, como ejercer una compensación por la reparación del daño, y una pena pública al gobierno por los hechos cometidos en el pasado.
“No queremos en Oaxaca una fiscalía de nombres largos y alcances cortos”, demandaron.
Milenio
