A un cuando se ha denunciado penalmente a dependencias estatales y autoridades municipales, éstas no han cumplido con las medidas necesarias para que habitantes de Santiago Progreso de la región de la Cuenca del Papalopam, retornen a su comunidad.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a través de la Sala Indígena giró una resolución jurídica en la que se ordena a las autoridades correspondientes garantizar el retorno de una familia de siete integrantes desplazadas hace cuatro años.
Dionisio de la Cruz Méndez junto con siete de 15 integrantes de su familia, fueron echados de su comunidad de origen el 28 de octubre del 2014.
“Nos sacaron porque mi santa madre que ha fallecido se negó a pagar los 10 pesos de multa a las vocales de un programa federal”, expuso el afectado.
En este sentido, el afectado señaló que las autoridades estatales como el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y el titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, no responden las llamadas y mensajes.
Por lo que exigieron la intervensión inmediata del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Carina García