En el marco de la aprobación de reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado de Oaxaca, la diputada Martha Alicia Escamilla resaltó que dichas modificaciones permitirán al Titular del Poder Ejecutivo, bajo su propia responsabilidad, celebrar convenios con la Federación para potenciar a las aportaciones federales y particularmente el Fondo de Aportaciones Múltiples, con el objeto de mejorar la infraestructura de los centros escolares de la entidad, sin que esto constituya la apertura a mayor deuda pública para la entidad.
En declaraciones durante la sesión celebrada este jueves, la diputada Escamilla León aclaró que los legisladores locales no están autorizando al Gobernador del Estado la adquisición de deuda pública, pues explicó que las modificaciones que este día se concretaron a la Ley de Deuda Pública tienen como finalidad permitir que el Estado de Oaxaca acceda a los recursos que la federación tiene previsto invertir en el mejoramiento de las escuelas de educación básica de todo el país, a través de mecanismos que potencian las aportaciones federales ya estipuladas en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de los años siguientes.
En ese marco, Martha Alicia Escamilla se pronunció porque los recursos que reciba el Estado de Oaxaca a través de los Certificados de Infraestructura Educativa, y con el respaldo de las modificaciones que hoy se realizaron a la Ley de Deuda Pública, sean ejercidos con total apego a la transparencia y rendición de cuentas, ya que estos son elementos imprescindibles para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y que por ese solo hecho no pueden quedar marginados de las estipulaciones que se establezcan en el convenio que en su momento se firme entre el Estado y la Federación para acceder a dichos recursos.
Asimismo, la Representante Popular por el Distrito 01, Oaxaca Sur, recalcó que dos temas que son fundamentales, y que deben ser aclarados a la brevedad tanto por la Federación como por el Gobierno del Estado, es lo relativo a cómo se definirá qué escuelas serán las beneficiarias de esa inversión que ronda los dos mil millones de pesos en mejoramiento de infraestructura educativa, y cuál será el mecanismo para elegir a esos centros educativos, de entre las más de 14 mil escuelas que existen en la geografía estatal.
Igualmente, Martha Alicia Escamilla resaltó la importancia de que en la reglamentación para la disposición de dichos recursos, y a la par de los mecanismos de asignación y de rendición de cuentas, queden perfectamente establecidas las condiciones para que las empresas constructoras locales puedan participar en un marco de equidad e inclusión, y no sean sólo empresas foráneas las elegidas para realizar estas obras que no sólo son importantes en el ámbito educativo, sino que también deben ser un estímulo a la economía local.
