Delincuencia organizada en venta de plazas: “factureras” financian la compra, tráfico sexual y adicción de Notarios || Alfredo Martínez de Aguilar

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*“Vamos por particulares y funcionarios traficantes de plazas”, afirmó Geovany Vázquez Sagrero en el programa de televisión VOX POPULI por las plataformas Mujeres Shaíque, ECMC y Estado Actual, en FaceBook y YouTube.

* Aseguró que van por la revocación de más Fiats de Notarios otorgados ilegalmente y por funcionarios integrantes del Cartel del Despojo, así como por la recuperación de más inmuebles del patrimonio del Gobierno del Estado.

 

En la supresión de bases, revocación de Fiats y recuperación de inmuebles, no hay revancha política, sino aplicación de la ley, incluso, contra “compañeros de Morena”, dice Geovany Vázquez Sagrero.

 

“El orden de los factores no alterará el producto”, dice, porque ya con la supresión de las bases a la par se iniciaron las Carpetas de Investigación contra 4-5 funcionarios y 101 contra particulares.

 

Por razones fundamentales de la obligada secrecía de las Carpetas de Investigación en todo momento, Vázquez Sagrero se negó rotundamente a dar nombres de los probables implicados.

 

Ave de tempestades en el ojo del huracán, el representante legal del Gobernador Salomón Jara y del Estado, relajado y de buen talante, revela detalles de la escandalosa corrupción en estos temas.

 

La venta de plazas hasta en 600 mil pesos, a través de “factureras”, que financian la compra con contratos de deuda de los compradores y descuentos en nómina, es delincuencia organizada.

 

“Vamos por particulares y funcionarios traficantes de plazas”, afirmó en el programa de televisión VOX POPULI por las plataformas Mujeres Shaíque, ECMC y Estado Actual, en FaceBook y YouTube.

 

La Triple Alianza de Medios está conformada por Cornelio Merlín Cruz, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y Taré Jacob Alaníz Martínez, de Estado Actual, El poder de la Verdad.

 

Aseguró que van por la revocación de más Fiats de Notarios y funcionarios integrantes del Cartel del Despojo otorgados ilegalmente y la recuperación de más inmuebles del Gobierno del Estado.

 

“Hay Notarios bajo proceso penal, otros prófugos e ilocalizables y otros más internados en rehabilitación por adicción. Hizo mucho daño relajar dolosamente la vigilancia en la Fe Pública”.

 

Se llegó al extremo de otorgar Fiats sin la edad legal, primero obtuvieron el Fiat y, luego se titularon, y en otros casos, no hay firmas en los acuerdos que deben validar el otorgamiento.

 

Requeridos argumentan en su defensa la existencia de derechos adquiridos, pero estos no existen al ser obtenidos de manera ilegal los Fiats. Hay un claro vicio de origen en el acto administrativo.

 

Al final de sexenio se juntaron de última hora, llenaron trámites, fingieron exámenes, publicaron en los periódicos. Hasta los medios se prestaron, como en el caso de Alejandro Nassar Piñeyro.

 

¿Cómo suplió el requisito que era Secretario Particular del Gobernador Alejandro Murat, estaba ahí, cobrando en nómina, pero al mismo tiempo dice que hizo prácticas notariales. A qué hora?

 

Se recuperó Triplay porque una colusión de funcionarios, entre ellos el ex gobernador José Murat y colaboradores como Enrique Toro, quisieron apoderarse de este y ganar 250 millones de pesos con cédulas catastrales.

 

Sin culpa ni cargo de conciencia, convencido de su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, confirmó la existencia del Catálogo Sexual en la venta de plazas y reveló adicciones entre Notarios.

 

Hay delegados sindicales dedicados a elegir a jóvenes atractivas para invitarles a fiestas privadas con funcionarios, a cambio de ofertarles plazas de bases laborales en el Gobierno del Estado.

 

Sobreseídos Amparos presentados por los trabajadores inconformes sostiene que no tienen ningún futuro, y comprometido a dar resultados legales, señala que su actuación no tiene que ser popular.

 

“Las personas que dijeron ayudarles llevaron a los trabajadores amparados a un callejón sin salida. Defendimos la legalidad y constitucionalidad de un acto y seguimos actuando en ese sentido”.

 

Para dejar abierta la puerta de salida con el pago de la indemnización respectiva, se optó por la supresión inicial de 1344 bases del anterior sexenio exclusivamente, mediante el Decreto 24.

 

La razón es que las indemnizaciones tendrán menor costo por la mínima antigüedad sin derechos adquiridos por el vicio de origen de la obtención ilegal de las bases. “Es fruto del árbol envenenado”.

 

Para no afectar más a los trabajadores, no se inició procedimiento sancionador individualmente, sino solo quitarles su base, porque eventualmente podrían, haber cometido hasta algún delito.

 

¿Por qué no brincó nunca la diputada Margarita García, cuando Alejandro Murat quitó las bases otorgadas en el gobierno de Gabino?, preguntó. Negoció el otorgamiento de bases a su familia.

 

Está documentado el caso de su hermano, dos hijos, su nuera. Ahí están las fechas de expedición. Ya reconoció públicamente que si sus dos hijos no son reinstalados que se regresen las demás.

 

Tocar estos intereses genera escozor en los grupos políticos acostumbrados a que los funcionarios se hagan cómplices y socios. Antes pasaban la “charola” en el Registro Civil y el Instituto Registral.

 

Con los cambios de Oficiales en el Registro Civil subió la recaudación. El reto es la corrupción hormiga. Con apoyo de la Presidencia se digitalizará y evitará el contacto funcionarios-ciudadanos.

 

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com


 

@efektoaguila