“LA VERDAD HISTÓRICA ES QUE NO HABRÁ VERDAD HISTÓRICA”; en 1978 según plantea el profesor Huntington se iniciaron las transiciones democráticas en América Latina, a las cuales reconoce como “La Tercera Ola”, hasta ese momento el escenario político latinoamericano se había nutrido de golpes de estado, dictaduras y las más abominables violaciones a los Derechos Humanos; es en este contexto como surge y se suscribe el 22 de noviembre de 1969 el “Pacto de San José de Costa Rica”, reconocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en plena vigencia el 18 de julio de 1978 y para darle cumplimiento se crearon dos organismos, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” con la atribución de a petición de parte analizar e investigar violaciones a los Derechos Humanos en los estados miembros y la “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dotada de autonomía propia para juzgar y dictar sentencia sobre los casos presentados de violaciones a Derechos Humanos, aplicando los tratados internacionales en la materia signados por los Estados, una vez que se hayan agotado los procedimientos y recursos establecidos en las legislaciones de los Estados Nacionales; posteriormente, en el 2006 la CIDH estableció el Control de Convencionalidad, para a partir de diversas jurisprudencias intervenir en escenarios democráticos limitados para verificar la aplicación de las normas en la materia; sí bien el Derecho Internacional no obliga a los Estados a reconocer la primacía de las normas internacionales al interior de sus ordenamientos jurídicos, el artículo 27 de La Convención de Viena sobre el alcance de los tratados de 1969, si establece que un Estado parte, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado; hasta aquí y partiendo de estos planteamientos teóricos conceptuales ya aplicados en diferentes resoluciones y sentencias, es evidente que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, aún sin la anuencia del Estado mexicano, solo a petición de parte pudieron haber intervenido en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa; en contraparte, se entró en una dinámica que poco a poco se fue politizando, debido en gran medida al cúmulo de intereses y responsabilidades cruzadas, de los tres niveles de gobiernos, partidos políticos, mafias del crimen organizado, organizaciones sociales con visiones y objetivos propios y hasta la –posible- manipulación del dolor de los familiares; urgido de cerrar el caso para evitar el consecuente desgaste de imagen internacional, el Gobierno Federal en voz del entonces Procurador General de República, declaró como concluyente su “verdad histórica”; al no convencer a un gran sector social nacional e internacional la participación e involucramiento en mayor medida de la CIDH se aceptó como un mal menor, llegaron los expertos argentinos, el GIEI, se polarizaron las posiciones, surgió el dictamen de José Torero, presentado el 6 de septiembre del 2015 que echó por tierra el primer dictamen de la PGR de que en el basurero de Cocula se había incinerado a los 43, simplemente lo declaró imposible; al mes siguiente en la sede de la CIDH en Washington, a petición de la PGR se acordó realizar un tercer dictamen, que finalmente se concretó en sus condiciones en febrero de este año, se convocaron nuevos expertos y se pusieron a trabajar; finalmente el pasado 2 de abril se dio a conocer el resultado, el cual establece que si los quemaron ahí, en Cocula, pero nomás a 17 no a los 43; como era de esperarse, los del GIEI –Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales- se declararon en rebeldía, se dijeron violados, en los acuerdos y –supuestamente- rompieron con la PGR, aunque y esto es lo relevante, el punto fino, no descalificaron el fondo de las conclusiones, o sea que ahí si hubo un incendio y murieron personas; por su parte el vocero de los padres de los 43, Mario González, pidió que los del GIEI que no se vayan, Eber Betanzos Sub Procurador de “Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad” de la PGR, declaró que la investigación “sigue abierta”, en el inter Roberto Campa anunció que no se prolongará el contrato al GIEI y hace unas semanas, eL 22 de marzo, José Antonio Ortega presidente del “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública”, presentó una denuncia contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, por una supuesta malversación de los recursos asignados al GIEI; por su parte, Álvarez Icaza, quien merece el mayor reconocimiento por su lucha en favor del respeto a los Derechos Humanos, se subió al ring y acusó “ni en el Perú de Fujimori, ni en la Venezuela de Hugo Chávez, no hay precedente de una investigación al Secretario Ejecutivo de la CIDH, México se está poniendo en una regresión autoritaria”, afirmación que revela un estado de ánimo beligerante impropio de su investidura; como se advertirá, el manoseo ya llegó a niveles irreversibles y hasta ridículos, recién Ángel Aguirre, adelantó estar escribiendo un libro sobre “su verdad de Ayotzinapa”, lo cierto es, que la dimensión de lo ocurrido en Iguala ya los rebasó a todos; después de las descalificaciones mutuas, desafortunadamente el GIEI y el Gobierno mexicano alcanzaron un piso mínimo de coincidencia en el momento en que la relación entre ambos se torno irreparable, para llegar a la vaga, confusa, inconclusa, pero coincidencia al fin de que si hubo un incendio en el basurero y que al menos 17 personas fueron masacradas allí, ambos bandos tuvieron que asumir lo falible de sus versiones iniciales, el problema se encuentra en que el piso mínimo que han construido está basado en la derrota de la verdad de ambos, para la PGR, la verdad de Murillo Karam, para el GIEI la de Torero…¿alguien puede asegurar que esto ya está decidido?…¡5 años de resistencia…ya solo faltan 237 días para que Gabino Cué pase a ocupar su lugar en el basurero de la historia!…
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ /
@rcperseguido
