SEGURIDAD INTERIOR O CONTENCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
El Presidente Peña, en el marco del 102 aniversario del Ejército Mexicano y en el contexto de la discusión -y posible- aprobación de la Ley de Seguridad Interior, expresó “la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda”.
En el mismo acto, el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó “mantenemos el compromiso irrenunciable de actuar con legalidad y transparencia. En ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias”; e insistió en la necesidad de contar con un marco legal para su actuación en acciones de seguridad pública y combate al crimen organizado.
Como se advertirá, el tema -al igual que varios de la actualidad- ha polarizado el debate. Si bien hay toda una historia de lealtad de las Fuerzas Armadas a las instituciones en momentos complejos del devenir de la nación y de su determinante participación en la salvaguarda de vidas humanas ante desastre naturales, se cuestiona su involucramiento por comisión u omisión en hechos que han marcado a la sociedad en los tiempos recientes: Ayotzinapa, Tlatlaya, Nayarit, recién, por citar algunos en los que se perciben o han sido denunciadas violaciones a los derechos humanos.
La controversia no es menor, se originó desde el momento en que, en mala hora, al entonces presidente Felipe Calderón se le ocurrió declararle su “guerra al narco” con el objeto de obtener la legitimidad que las urnas no le dieron; decisión que con matices se mantuvo en el actual sexenio.
Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, ha puesto en blanco y negro el quid del asunto “nadie dice que no exista ley. Lo que exigimos es una ley sería y constitucional. Y las iniciativas no son ni lo uno ni lo otro”, en especial la presentada por el senador panista Gil Zuarth que plantea el uso de la fuerza letal sin definir alcances y condiciones.
Madrazo argumenta que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública viola el artículo 21 Constitucional, hecho que Calderón siempre ignoró; y en consecuencia la Ley de Seguridad Interior es un sofisma, un artilugio semántico para darle vuelta a tal violación.
Y agrega “Las Fuerzas Armadas no pueden ser policías; la política y los políticos no han dado -a la sociedad- más seguridad pero sí más tortura; la Ley de Seguridad Interior es un engaño retórico, para aplicar un mandato así debería declararse una emergencia nacional o un estado de excepción; lo que se pretende es criminalizar la protesta social”.
Silva Herzog Márquez va más allá al plantear “estamos discutiendo los términos de una dictadura”. Y ambos -Madrazo y Silva Herzog- concluyen “se renuncia a tener policías seguras”, “no se está entrando a discutir cómo reforzar las policías”.
Siendo este, el tema de las policías, la otra cara de la moneda; recién se presentó un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la UVM y el Instituto para la Seguridad y la Democracia titulado “Ser policía en México ¿Qué rol asume la sociedad?”.
Los resultados son altamente reveladores del tamaño de la crisis en materia de seguridad que vive el país: “78% considera que la policía requiere apoyo de la sociedad para realizar su trabajo, 62% cree que la policía no es cercana a la sociedad, 60% piensa que su salario es inadecuado, 56% considera que si abusa de la fuerza no contará con apoyo social, 50% cree que los horarios son inadecuados, 46% se sentiría preocupado si un hijo decidiera ser policía, 46% siente enojo al ver un policía dormido -o jugando con su celular-, 28% plantea los premios vía aumento de sueldo”.
En el tema de la confianza ciudadana, en una escala del 1 al 5, estos son los indicadores: en las Universidades 3.5, en la empresa privada 3.21, en las Fuerzas Armadas 3.19, en las Iglesias 2.92, en las Instituciones del sector público 2.57, en la POLICÍA 2.31 y en los políticos que gobiernan el país 1.87″.
En cuanto a los motivos por los que las personas desconfían de la policía, esto respondieron: “por actos de corrupción 54%, por abuso policiaco 28%, malas experiencias 19%, no hacen su trabajo 11%, no están capacitados 11%, por desprestigio de las instituciones 6%, por la influencia de los medios de comunicación y redes sociales 5%”.
Otro elemento que cierra el círculo es el motivo por el que una persona decide ser policía: “por necesidad económica 41%, por falta de oportunidades laborales 29%, ayudar a la población 19%, por no tener estudios 14%, para combatir a la delincuencia 9%, para tener impunidad 7%, por sentimiento patriótico, pretender ser héroe 5%, no sabe 3%”.
El estudio se complementa con varios rubros en los que, policías encuestados presentan sus motivaciones, condiciones de trabajo, riesgos, limitaciones, abandono de sus superiores y hasta sus temores porque uno de sus hijos pretenda seguir sus pasos.
Como se advertirá, son múltiples las aristas, la interrogante persiste: ¿Seguridad Interior o contención de la protesta social?
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?…
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh