* Invaluable ha sido la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al documentar que el exgobernador chihuahuense poseía al menos nueve casas en la ciudad texana de El Paso.
(A mi compañero y amigo periodista de Salina Cruz, Gustavo Sánchez Cabrera, agredido ayer a balazos en su hogar, en Morro Mazatán. Un abrazo fraterno y solidario a su esposa Malú, a sus hijos y a sus amigos en estos momentos difíciles. El probable responsable está plenamente identificado por testigos presenciales como Esteban de la Cruz, alias El Tiburón. Exigimos a las autoridades federales y estatales su detención y enérgico castigo. ¡Justicia!)
Avasallados por la avalancha de información sobre la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2-COVID-19 no había sido posible abordar un tema no menos importante en el combate contra la corrupción en nuestro país.
El arresto del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con fines de extradición, el pasado miércoles 8 de julio en el estado de Florida, de ninguna manera es un asunto menor, por el contrario, cimbra al sistema político.
La principal acusación, ampliamente documentada, se refiere al desvío de fondos públicos para financiar campañas del PRI en varios estados, lo que podría llevar a que se aclararan acusaciones de presunta corrupción.
Mucho influyeron y contribuyeron en el desenlace de la detención de César Duarte las investigaciones y denuncias en influyentes medios de comunicación internacionales como el norteamericano diario The New York Times.
Una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de Proceso en Washington, reveló en diciembre de 2017 el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016.
El desvío se realizó con el presunto contubernio del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el lenguaje misterioso de la política mexicana todo parece indicar que finalmente atrapar a Luis Videgaray que en ese momento encabezaba la Secretaría de Hacienda es, en realidad, el móvil político de detener a Duarte.
Más que el exgobernador de Chihuahua al parecer la presa a capturar es el amigo de todas las confianzas del ex presidente Enrique Peña Nieto y principal operador político financiero del sexenio del último presidente priista.
El 21 de noviembre de 2018, MCCI reveló que el desvío de fondos de la ‘Operación Safiro’ se amplió de Chihuahua a Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y a la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.
Según los testimonios ministeriales que obran en el expediente judicial correspondiente, el dinero desviado por los gobernadores de las seis entidades federativas involucradas tenía origen en recursos de programas federales.
En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
La detención de César Duarte, fue realizada por autoridades de Estados Unidos, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizaba una visita de trabajo en aquel país a su homólogo el Donald Trump.
En política no hay casualidades, sino causalidades. La decisión de Trump tiene una carga política. Duarte enfrenta 11 causas penales en el estado de Chihuahua y una más de orden federal, por el delito de peculado agravado.
Desde hace cuatro años, el exgobernador de Chihuahua gozaba de total impunidad, luego que Duarte se dio a la fuga, ante lo cual la Interpol giró una ficha roja para buscarlo en 190 países y descubrir su residencia en EU.
Las acusaciones contra Duarte datan de octubre de 2016, cuando el actual gobernador Javier Corral, de extracción panista, denunció que al tomar posesión del cargo había descubierto un desfalco millonario en las arcas públicas.
Al avanzar las pesquisas, la fiscalía chihuahuense denunció que al menos 250 millones de pesos habían sido desviados a través de cuatro empresas “fantasma” para financiar campañas electorales del PRI en otros estados.
Al final, se utilizaron en la operación en total 12 empresas “fantasma”, a través de las cuales los gobiernos de siete estados en los que se financiaron campañas electorales del PRI desviaron alrededor de 650 millones de pesos.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a otras siete entidades.
La información documentada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es más que reveladora y comprometedora para los gobernadores de diversas entidades federativas en ese momento.
Los mayores desvíos realizados en 2016 a la red “fantasma” corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con un monto precisado en 246 millones de pesos.
Durante las investigaciones del probable delito de peculado agravado, se logró establecer que también participó el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera con 230 millones y Claudia Pavlovich de Sonora, con 140 millones.
Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en los 7 estados son prestanombres. MCCI comprobó que se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
En otras palabras, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero, a través de operaciones de dispersión del dinero a diversas empresas para desaparecer la pista del destinatario final.
Invaluable ha sido la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al documentar que el exgobernador chihuahuense poseía al menos nueve casas en la ciudad texana de El Paso.
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