“El marco jurídico que regula la deuda pública es tan cuestionable como la ética y la conducta de quienes han sacado ventaja de su contratación”, afirma Oscar Arredondo, investigador del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
El especialista sostiene que en México no existen leyes u ordenamientos generales, ni instituciones gubernamentales claramente facultadas para limitar el monto de endeudamiento de cada entidad federativa, municipio, u organismos dependientes de ellos.
De acuerdo a la Constitución, dice, los límites y condiciones para contratar deuda los deben establecer los Congresos locales en sus respectivas leyes de deuda pública.
“Sin embargo, en los hechos, muchas veces los congresos responden a los intereses del grupo que se encuentra en el poder. Sus leyes son laxas pues permiten esquemas de endeudamiento irresponsable por parte del Ejecutivo, sin que se deban autorizar por el Congreso local y sin que se deban registrar las obligaciones ante Hacienda”.
Al cierre de 2011 se hablaba de una deuda registrada de casi 391 mil millones de pesos, y en marzo de 2013 la deuda registrada había aumentado en más de 45 mil millones, es decir, a 436 mil millones de pesos. “Este incremento refleja que la facultad de endeudarse no se ejerce de manera mesurada, al contrario ha resultado ser una vía sencilla, inmediata y muy cuestionable para hacerse de ingresos extraordinarios, pero a un elevado costo”.
En Oaxaca, en tan sólo lo que va de la actual administración estatal que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo, casi se duplicó la deuda pública de la entidad. Datos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado señalan que de 4 mil 615.4 millones de pesos que dejó el ex mandatario Ulises Ruiz, pasó a 7 mil 159 millones de pesos.
No obstante, aclara que en realidad se desconoce el verdadero monto debido a que la regulación en materia de deuda ha sido permisiva y laxa, lo que ha abonado a que se incremente en un clima de opacidad, propicio para los abusos de poder en los gobiernos estatales y municipales.
“El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda lleva el Registro de la Deuda Subnacional, el cual se regula conforme al reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. En ese reglamento se deja abierta la puerta a los estados y municipios de registrar o no las deudas que no se encuentran garantizadas con participaciones federales, como son los créditos a corto plazo. Al no estar registrada la totalidad de la deuda no se puede verificar, ni conocer el monto real o la afectación a las finanzas públicas de los gobiernos”.
El investigador de Fundar señala que la legislación permite a los gobiernos estatales y municipales hipotecar las participaciones federales; lo que significa que aunque incumplan en el pago de las deudas, éste quedaría cubierto de cualquier manera.
El problema, precisa, es que mientras el pago queda ampliamente garantizado, el cumplimiento del objetivo que motiva el endeudamiento, es decir una inversión productiva, no se garantiza a pesar de ser la única condicionante para contratar deuda.
Y dónde se podría tener más control, en el otorgamiento de créditos bancarios, es donde hay menos. Explica que las autoridades financieras podrían emitir distintos lineamientos que obliguen a los bancos a prestar bajo criterios mucho más estrictos, analizando no solo los niveles de capitalización de las instituciones, el riesgo o la capacidad de solvencia del estado deudor.
También, dice, deberían verificar el destino de los recursos: que no se utilicen en gasto corriente, que se ejerzan de manera transparente, que se compruebe la calidad de los proyectos productivos que el estado o municipio pretendan llevar a cabo, dando prioridad a aquellos que puedan generar ingresos propios que faciliten e incrementen la recaudación local o mejoren la calidad de vida de la población.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca Valores y Ahorro, la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y el Consejo de Estabilidad Financiera deben emitir o reforzar la normativa para los bancos que presten a gobiernos locales, establecer sanciones, propiciar la transparencia y la competencia en los servicios que se prestan al sector gobierno.
“El Banco de México, también debería emitir disposiciones que definan lo que debe entenderse como inversión pública productiva y en general todas las autoridades deben impulsar las reformas pertinentes a las leyes financieras, sin embargo no han sido capaces de atender el tema”.
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