#JaimeGUERRERO
Los abogados de Juan Antonio Vera Carrizal pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “resolver con base en un estudio técnico científico, que resuelva sin sesgos ni prejuicios”, al revisar los amparos relacionados con el exdiputado.
También afirmaron que María Elena Ríos Ortiz exige 80 millones de pesos como reparación del daño y sostuvieron que al principio pidió dinero a cambio de no denunciarlo.
“María Elena le pidió 18 millones de pesos para que no denunciara, pero eso no lo dice”, declaró uno de los abogados.
En una intervención anterior, la defensa sostuvo que la cantidad inicial fue de 15 millones.
Sobre la reparación del daño, el abogado afirmó: “Por qué no dice eso a la prensa: que son 80 millones de pesos los que exige como reparación de daño. Eso no lo dice”.
La defensa sostuvo que si la Corte declara legal la anulación de la absolución, “va a sentar un precedente para que este acto procesal se lo hagan a cualquiera”.
También acusaron a los ministros de no asumir su papel como máximo órgano de impartición de justicia y afirmaron que la Corte realiza “una comparsa de complacencias”.
Los abogados pidieron que el asunto se analice “con mucha seriedad” y que no se juzgue a partir de la opinión pública.
Afirmaron que la defensa ha sido “muy técnica y muy precisa” y que “hemos logrado demostrar la inocencia, hemos ganado todas las batallas jurídicas”.
También acusaron al Ejecutivo de intervenir en el caso y señalaron a Néstor Vargas y a Berenice Ramírez Jiménez de asumir, según su versión, “un papel político y no constitucional”.
Sostuvieron que de haber comprado jueces o magistrados, “desde hace mucho tiempo, el señor Vera Carrizal ya estuviera libre”.
La defensa afirmó que en la investigación hubo diez líneas y que se incriminó a Vera Carrizal mientras se dejaron de investigar otras.
También cuestionó que Ríos Ortiz, según los abogados, no hable de acusaciones contra integrantes de su familia ni de otros conflictos que ellos le atribuyen.
La calificaron como alguien que “se siente diosa de la verdad y de la justicia” y dijeron que su actitud “lesiona la verdadera lucha feminista”.
Los abogados aseguraron que las cuentas bancarias de su cliente permanecen embargadas y que Ríos Ortiz “sigue peleando” por los 80 millones de pesos.
La defensa anunció que dará “la batalla legal”, realizará protestas y exigirá justicia “de forma responsable, de forma diplomática”.
También dijo que acudirá a tribunales internacionales y que, a su juicio, estos les darán la razón.
El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal.
De acuerdo con la defensa, el juez lo declaró inocente tras escuchar las pruebas y al no encontrar elementos que lo incriminaran.
Horas después, el Ministerio Público presentó una queja en favor de la víctima y se dictó una medida cautelar.
La defensa sostuvo que esa decisión separó al juez que emitió la absolución y que la jueza María Antonieta canceló la boleta de libertad por instrucciones de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez Jiménez.
Los abogados calificaron de ilegal la cancelación de la boleta de libertad y presentaron un amparo.
Afirmaron que el juez de distrito Ponciano Velasco les negó la protección federal tras recibir presiones de Juvenal Carvajal, esposo de Ramírez Jiménez.
Después interpusieron un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Oaxaca.
Según su recuento, el tribunal retiró el asunto de la lista el 3 de junio de 2025 y canceló una sesión prevista para el 13 de abril de 2026, cuando la SCJN atrajo el expediente.
La defensa señaló que la Corte primero decidió no conocer el asunto y que seis días después volvió a solicitar su atracción.
El 19 de octubre, el Pleno de la SCJN aprobó por siete votos contra uno atraer cinco amparos relacionados con el caso.
Los abogados afirmaron que la Corte no revisará las pruebas ni el fondo de la acusación, sino si fue legal cancelar la boleta de libertad y anular el fallo absolutorio.
Dijeron que esa delimitación fue explicada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y cuestionaron que la ministra Loretta Ortiz Ahlf, a su juicio, se refiriera a los probables agresores antes de resolver el asunto.
La SCJN revisará si fue legal anular el fallo absolutorio y ordenar la reposición del juicio; la atracción no determina por sí misma la responsabilidad penal de Vera Carrizal.
La defensa también señaló que promovió otro amparo porque, según dijo, su cliente lleva más de seis años privado de la libertad sin recibir sentencia.
