Ante el fracaso de los programas sociales implementados en el país, resultado de una visión cortoplacista del grupo que detenta el poder público en un momento determinado, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya propuso que el Senado de la República participe en el diseño, control y desarrollo de los mismos para una mayor efectividad.
El legislador federal presentó en sesión ordinaria el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; esta reforma, dijo, pretende encontrar un mecanismo para que abone en el control, pero también a la evaluación de los programas sociales que se aplican en México.
“El propósito de la propuesta es conformar un mecanismo que responda a esta necesidad, a poder participar de manera indirecta, pero responsable, en el desarrollo de los programas sociales, sin menoscabo, lo subrayo, sin menoscabo de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal en el tema que estoy abordando ante todos ustedes”, expuso.
“En tal virtud que existe el suficiente marco legal para la viabilidad de nuestra propuesta, a través de una reforma al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Poder Legislativo participe en el proceso de control y evaluación de los programas de desarrollo mediante la emisión de una opinión fundada en estos instrumentos legales, que abonaría a que los programas sociales puedan responder integralmente al propósito fundamental por los que fueron creados”, argumentó.
Expuso que en el proceso de elaboración de los criterios para la formulación e implementación, el Senado, sólo cuenta con la obligación Constitucional de incorporar programas de desarrollo al sistema de planeación democrática, porque se establece que es el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias que lo conforman, el encargado del diseño de las reglas de operación.
Mientras que la Cámara Baja, reiteró Benjamín Robles, es quien a través de la aprobación del Presupuesto de la Federación puede señalar los programas que serían susceptibles al otorgamiento de recursos públicos y que tendrán que sujetarse a dichas reglas de operación.
Sin embargo, precisó, el marco jurídico no establece ningún mecanismo mediante el cual la Cámara de Senadores pueda participar de alguna forma.
Esta situación, recalcó Robles Montoya, podría estar sujeta a formalizarse durante el año fiscal corriente, sin menoscabo de los procedimientos que establece la propia normatividad aplicable, para que el resultado se haga del conocimiento del Ejecutivo y de la colegisladora, a efecto de aportar al desarrollo del país, esto, puntualizó, sin transgredir sus propias responsabilidades.
