El diferendo México-EE. UU. sobre las reformas a la Ley mexicana de Seguridad Nacional para someter a control a las agencias de seguridad estadunidenses que operan en México sin cumplir con leyes locales se centra en el conflicto entre dos derechos: el derecho soberano de México de tener control sobre agentes extranjeros y el derecho de extraterritorialidad que exige la Casa Blanca para operar en México con las leyes americanas.
Se trata de la doctrina de la soberanía mexicana contra la doctrina Obama de combatir a los grupos criminales en sus lugares de origen, a pesar de que en el propio territorioestadunidense, por la aquiescencia o la corrupción, operen con libertad cuando menos siete cárteles mexicanos para controlar el mercado al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses.
Las justificaciones del gobierno de los EE. UU. insisten en la corrupción mexicana para explica el auge de las bandas criminales que exportan droga a los EE. UU. por la alta demanda de productos de decenas de millones de adictos y consumidores. Pero aún aceptando este criterio, los gobiernos mexicanos de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto aceptaron la violación de la soberanía con agentes extranjeros –sobre todo la DEA por el tema de las drogas– incumpliendo las leyes mexicanas.
Ahora mismo están en curso en México operaciones especiales de la DEA, apoyada por el FBI y la CIA, para localizar y llevarse a los EE. UU. a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, señalado como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, y para conseguir con presiones el arresto con objetivo de extradición de Ovidio Guzmán López, hijo de El ChapoGuzmán y encargado de la siembra, procesamiento y tráfico hacia los EE. UU. de fentanilopara drogas sintéticas que están matando a miles de consumidores estadunidenses. El incidente de octubre de 2019 en Sinaloa –el arresto de Ovidio y su liberación por amenazas de terrorismo del Cártel de Sinaloa— fue una operación de la DEA sin que hubiera orden de arresto de las autoridades mexicanas.
Los casos de Ovidio, la Operación Python en México contra el Cártel Jalisco y el arresto del general Cienfuegos fueron producto de operaciones de la DEA en México sin cumplir con las leyes mexicanas y sin ajustarse a los compromisos de intercambio de información. La DEA, el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la agencia de inteligencia del Pentágono tienen agentes en México, pero muchos de ellos sin registro legal, a pesar de que debieran hacerlo porque portan armas y tienen aprobaciones de las leyes estadunidenses para usarlas.
Las reformas a la Ley mexicana de Seguridad Nacional para someter a control a los agentes estadunidenses no impiden sus operaciones, pero sí obligan a las agencias a informar al gobierno mexicano de acciones en curso. Los EE. UU. de ninguna manera permitirían que agentes mexicanos de policía o de inteligencia pudieran moverse en territorio estadunidense sin cumplir las leyes y sin informar a las autoridades locales.
En este sentido, el centro del debate se localiza en uno de los principios centrales de todo gobierno imperial: el derecho a la extraterritorialidad, es decir, asumir un territorio extranjero como parte del territorio nacional estadunidense. Esta doctrina fue definida en septiembre de 2011 por el presidente Obama, un profesor de derecho constitucional de Harvard, con su Estrategia para el Combate al Crimen Organizado Transnacional en base a la cual los EE. UU. asumen el derecho propio de operar en otros países basados en leyes estadunidenses. La justificación insiste en que esas bandas funcionan y se fortalecen por la complicidad de los distintos niveles del gobierno mexicano.
Si México cede ante las presiones de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, entonces habrá entregado su soberanía a las acciones extraterritoriales del gobierno de los EE. UU. y en materia de seguridad México seria considerado un protectorado gringo en el que la administración de justicia local esté administrada por el dicho estadunidense.
Política para dummies: La política es el ejercicio de la fuerza para garantizar el derecho propio.
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