Cual vil y trasnochado púgil espoleado por FCH, Juan Molinar Horcasitas fue lanzado al cuadrilátero con la consigna de apalear a los gobiernos estatales de origen tricolor, pero en especial a Coahuila y a Humberto Moreira. Los golpes fueron una encolerizada acusación sobre el progresivo gasto corriente, la deuda contratada en los estados -también en aumento-, y el cuestionamiento malintencionado a la Bancada priísta por su intención de asignar mayores recursos de inversión en el PEF 2012 a las entidades de la República.
Molinar debe pensar que los mexicanos padecemos de la impericia que en su caso lo hizo desmoronarse como titular del IMSS y la SCT. Pero no somos lo torpe que él resultó en la administración pública ni le acreditamos el menor valor a sus alocados cachiporrazos. Van las cuentas que hemos podido recopilar y que, al contrario de los blandengues argumentos de Molinar, ponen al descubierto las razones de la insuficiencia financiera nacional para las inversiones que propicien el desarrollo.
Primero las deudas. Las obligaciones o deuda total de las 32 entidades de la República suman 315 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2010. Pero la deuda interna y externa del Sector Público Federal llegó en esa fecha a 4 billones 214 mil millones de pesos. Es decir, casi 14 veces más que los compromisos de los estados. Pero además, esta deuda Federal representa un monto mucho más alto que el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para ese año, que fue de 3 billones 176 mil millones de pesos. Un billón 38 mil millones de pesos menos que la suma de la deuda.
Por su parte, la deuda interna y externo del Gobierno Federal (desagregada de la deuda pública) se ubicaba en 3 billones 456 mil millones de pesos. Detalle que nos permite incorporar un concepto fundamental para el entendimiento de los pasivos de un gobierno: el servicio de la deuda o intereses por empréstitos. Al efecto, encontramos que el Gobierno Federal, o los mexicanos, hemos pagado un billón 500 mil millones de pesos por ese servicio entre 2001 y 2010. Esto sin considerar los intereses pagados por el resto del sector público y el sector privado.
Queremos destacar que ese pago de interese representa el triple de la inversión física directa del Gobierno Federal en la década que analizamos. Es decir, la inversión en construcción y/o conservación de obras o en la adquisición de bienes de capital sólo fue de 500 mil millones, en tanto el servicio de la deuda fue del triple. Sencillo, trabajamos para pagar intereses. La infraestructura para el desarrollo, el combate integral a la marginación y la soberanía alimentaria, prioridades de nuestra patria, se aplazan indefinidamente o se ejecutan acciones, programas y proyectos con lentitud aberrante.
Unos ejemplos más de la inaceptable transferencia de riqueza a la banca extranjera o nacional son los siguientes: el programa de sustentabilidad hídrica de la Cuenca del Valle de México, que consiste en un túnel emisor de 62 kilómetros -con siete metros de diámetro-, e inicia en el Distrito Federal y termina en Atotonilco de Tula, Hidalgo, además de la planta de tratamiento de agua más grande de America Latina, para sanear 40 metros cúbicos o 40 mil litros por segundo, tendrá un costo de 13 mil millones de pesos. Con el servicio de la deuda referido se podría replicar 115 veces ese proyecto, cuyo propósito es sanear y reciclar el agua, además de resolver las frecuentes inundaciones.
Definitivamente no podemos ocultar la imperiosa necesidad de contar con infraestructura médica de tercer nivel en las 32 entidades del país y sus principales ciudades. Sin embargo, millones de mexicanos de nuestra población abierta (los no derechohabientes), no dispondrán de esa infraestructura moderna y con equipo de punta como el Hospital Regional de Alta Especialidad que se está edificando en Zumpango con un PPS, ya que se atiende religiosamente el pago de intereses de la deuda del Gobierno Federal. La población que este nosocomio atenderá en la Zona Nororiente del estado de México es de 2´988,811 habitantes que no cuenta con seguridad social (43.93% de una población total de 6´803,264 en 27 municipios). Con ese pago se podrían edificar y operar 215 hospitales de ese tipo.
Un ejemplo más de los proyectos estratégicos aplazados por cumplir incondicionalmente con el pago del principal y sus intereses es la suspensión definitiva de la construcción de infraestructura carretera, que en el país multiplicaría las posibilidades de desarrollo económico nacional, regional y estatal. Hoy, una vía nueva de altas especificaciones en una topografía sensiblemente plana tendría un costo de 25 millones de pesos el kilómetro, de tal forma que el billón y medio de pesos pagados al agio internacional y local nos hubiera permitido construir –de sobra-, un promedio de 1900 kilómetros de carreteras por entidad federativa con las características indicadas, o menos si las especificaciones cambian por número de carriles o topografías más compleja, pero al fin suficientes.
Porqué Juan Molinar no procedió pidiendo a los órganos de fiscalización o a las instancias correspondientes la revisión de presupuestos, la pertinencia del gasto corriente y el destino del endeudamiento, tanto en la Federación como a los estados y municipios en general? Sencillo. Su queja mediática está llena de perversidad electorera y, de paso, pretendió una cortina de humo ante el fracaso de los gobiernos del PAN. Incapacidad que obliga a los estados y municipios a buscar las soluciones no ofrecidas por una administración federal tambaleante. Seguiremos…
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