El caso de Genaro García Luna –de comprobarse los cargos fincados por la fiscalía estadunidense– traería al debate mexicano la falta de controles de confianza del Estado sobre los altos funcionarios responsables de seguridad. Entre muchos otros, se debe recordar cuando menos cinco casos concretos:
1.- En diciembre de 1976 el presidente Lopez Portillo designó al comandante Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de la policía del DF y le dio, ante la molestia en el sector militar, el rango de general. Durazo tenía cargos de controlar el tráfico de drogas en el aeropuerto del DF como comandante de la Federal de Seguridad. Y durante su gestión, la policía capitalina se infectó de alianzas con el crimen organizado.
2.- En la crisis con los EE. UU. provocada por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985 a manos del cártel de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Alvarez Don Neto se reveló que la Dirección Federal de Seguridad protegía a esos capos, inclusive con credenciales oficiales de la corporación. El director de la DFS era José Antonio Zorrilla Pérez, designado por el secretario Manuel Bartlett Díaz. Aunque a Zorrilla lo encarcelaron por el asesinato del columnista Manuel Buendía, en realidad el cargo mayor fue la protección a narcos.
3.- Nombrado en noviembre de 1996 como director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas o zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo duró poco en el cargo. En febrero de 1997 fue arrestado y acusado de tener relaciones y compromisos con el capoAmado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos por contrabandear droga en aviones y fue encarcelado. Por razones extrañas, Amado Carrillo murió cinco meses después en circunstancias misteriosas: medicinas contra el dolor aplicadas después de una larga operación facial para modificarle el rostro. Con Carrillo se murieron los secretos de los narcos que habían logrado cooptar al alto mando de la lucha antidrogas.
4- Encumbrado jefe de la policía judicial federal, el comandante Adrián Carrera Fuentes, forjado con Durazo en el DF, protegió las labores de los narcos Amado Carrillo Fuentes y Juan García Abrego. En diciembre de 1993 los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, llegaron a la nunciatura en DF para buscar un canal de comunicación con el gobierno de Salinas. Intervino el procurador Jorge Carpizo MacGregor para sugerir que no hubiera encuentro, pero se negó a detener a los capos porque, dijo entonces, la PGR estaba infestada de colaboradores del crimen organizado y pudiera darse una balacera por información filtrada desde la PGR al cártel. El jefe de la judicial federal era Carrera, ratificado como jefe de la PJF por Carpizo en enero de 1993. En 1998 Carrera fue arrestado por cargos de proteger al narco y confesó sus culpas para quedarse como “testigo protegido”.
5.- Después de 22 años del caso Gutiérrez Rebollo aparece el del civil García Luna, jefe de la policía federal y secretario de Seguridad Pública, acusado de estar al servicio del Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada en el sexenio 2006-2012 y desde 2013 retirado en Miami, Florida. La parte más importante del caso García Luna fue el fracaso del control de confianza de los altos mandos de seguridad despuésdel caso Gutiérrez Rebollo, sobre todo cuando durante la gestión de García Luna se corrieron versiones de alianzas perversas con el narco.
En todos los casos, el gobierno de los EE. UU. dio su apoyo en las designaciones y tampoco puso en funcionamiento sus mecanismos de control de confianza, al grado de que varias instancias oficiales de seguridad y defensa condecoraron al García Luna que ahora arrestaron, acusaron y quieren mantener en prisión por un largo tiempo. Pero lo más grave es que desde 1976 los EE. UU han entregado información de inteligencia a funcionarios que colaboraban con el crimen organizado, lo que confirma que la crisis de control de confianza también ha afectado a los organismos estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares.
INFILTRADOS. Ahora que se han abierto las licitaciones de seguros patrimoniales en dependencias del gobierno federal, algunos focos de alarma se han encendido porque están apareciendo cuatro personajes con mala fama pública: Víctor Montes de Oca, director general de Grupo CIDAR Seguros y Fianzas, David Trejo de ADER, Alfonso Cassab de Seguros Satélites y Alejandro Carreón, que comenzaron en el negocio desde tiempos de Peña Nieto. El Grupo CIDAR aparece en el listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas del SAT, y los otros han logrado licitaciones a modo. La 4T se va a poner a prueba en estas licitaciones.
Política para dummies: La política es el archivo de inteligencia y de la inteligencia.
